El impacto de la huelga del metal continúa: ya puede apuntarse como legado el desbloqueo general del resto de convenios colectivos, con incrementos salariales que, de hacerse caso al argumentario de la patronal metalera, llevarían a la ruina a las empresas que, a la vista está, han afrontado problemas más graves estos meses que considerar al propio personal como un problema.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón a Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) y ha estimado los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el sindicato contra las resoluciones de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria por la que se fijaban los servicios mínimos para mantener la continuidad mínima en las empresas Logic Move y Steel Logistics Cantabria, subcontratas de Global Steel Wire, y en Servicios Industriales y Concesionarios MOP SL, empresa auxiliar de Solvay Química, durante la huelga del metal del pasado mes de junio.

El tribunal ha entendido que ninguna de estas tres empresas auxiliares, que prestan servicio a otras más grandes, desempeña ninguna actividad esencial para la comunidad y que, por tanto, el Gobierno de Cantabria no tiene la facultad de imponer servicios mínimos en ellas durante el desarrollo de una huelga.

Es más, desde la federación se ha subrayado que ni siquiera Global Steel Wire o Solvay Química, las empresas a las que prestan servicios las tres empresas a colación, tenían servicios mínimos porque su actividad, ha insistido, no se entiende como esencial para la comunidad.

Para la Federación de Industria de CCOO en Cantabria estas sentencias tienen una gran importancia porque, además de ser pioneras, crean precedente sobre cómo debe actuar el Gobierno de Cantabria de cara a otros conflictos y no sólo eso, sino que también será una referencia a nivel estatal.