El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha reclamado hoy que la adjudicación del servicio de diálisis del Servicio Cántabro de Salud (SCS), hasta ahora bajo concesión de la empresa Fresenius Medical Care –en su día señalada por sobornos a médicos–, respete la subrogación de una plantilla con décadas de experiencia «cuya continuidad peligra porque no está contemplada en el pliego de condiciones».

Según aclara el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Gustavo Fuentes, «en la actualidad la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria está tramitando un nuevo concurso administrativo para adjudicar el servicio de diálisis y, salvo que se corrija el pliego de condiciones, sin obligación alguna de traspaso de instalaciones y personal».

«Todo parece indicar que el servicio de diálisis se va a adjudicar a otra empresa y por razones técnicas y administrativas existen muchas posibilidades de que la nueva concesionaria preste el servicio en unas nuevas instalaciones y se cierre el actual centro del Zoco Gran Santander de Peñacastillo, lo que implica que no va a existir ningún traspaso de unidad productiva entre la concesionaria saliente y la entrante», agrega el sindicalista.

El responsable regional de Sanidad de UGT recalca que «el propio pliego de condiciones no contempla la obligación para la nueva adjudicataria de asumir la plantilla existente y respetar sus actuales derechos laborales, por lo que tendrá plena libertad para fijar sus propias condiciones laborales si decide contratar a alguno de estos profesionales».

«La clínica de Peñacastillo se ha convertido en un centro de referencia nacional en el servicio de diálisis, entre otros motivos, porque cuenta con unos trabajadores con una profesionalidad incuestionable con décadas de experiencia, algunos con más de 20 años de servicio», precisa Fuentes, que añade que «no se merecen ser tratados así»

El sindicalista recuerda que «UGT lleva semanas denunciando esta situación y sólo recibimos buenas palabras pero ninguna solución» y reprocha a la Consejería de Sanidad su incongruencia porque «por un lado defiende la garantía de la calidad asistencial, los derechos laborales y la estabilidad en el empleo pero por otro no aplica una política consecuente para ello en los servicios que son de su competencia».