Contra la sostenibilidad del sistema público de pensiones

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Sostenibilidad es un concepto muy peligroso. Hace tiempo que aplicado a los problemas derivados del cambio climático está resultando una rémora al necesario cambio en el sistema económico. En palabras de Andreu Escrivá, ensayista que no tiene nada que ver con el ministro, “la sostenibilidad es un trampantojo dialéctico tremendamente resultón”, nos hace pensar que con medidas individuales como seleccionar la basura, reciclar papel y utilizar un coche eléctrico está resuelto el problema, cuando lo que hace falta son cambios estructurales, medidas colectivas. Lo sostenible se convierte así en la alternativa del sistema para no cambiar nada, ni cuestiona el crecimiento, ni las relaciones de poder, ni la desigualdad.

La sostenibilidad y la insostenibilidad son dos conceptos que también se aplican de forma reiterada desde hace tiempo al tema de las pensiones, con ello se refieren a la búsqueda del equilibrio financiero del sistema público de pensiones. También, en este caso, lo sostenible sirve para tratar las pensiones como un simple problema financiero en lugar de como un derecho social fundamental. En el sistema público español, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, se encuentran, por tanto, ligadas a los salarios. Si disminuye el número de trabajadores, bajan los salarios, se incrementan las pensiones o aumenta el número de pensionistas, saltan todas las alarmas y comienza a hablarse de la insostenibilidad del sistema público de pensiones.

Para conseguir la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre ingresos y gastos, se han realizado las sucesivas reformas del sistema de pensiones. Desde 1985 ha habido cuatro reformas sin contar la actual. Todas ellas se han centrado en reducir los gastos y para ello han ido aumentando los años que se contabilizan para calcular la base reguladora: hasta 1985 se calculaba con los últimos 2 años cotizados, a partir de la reforma de 1985 se aumentó a 8 años, 15 años a partir de 1997 y en la reforma de 2011 pasó a 25 años. Lógicamente al aumentar los años en el cálculo, la base reguladora desciende y con ello la pensión. Pero, además, para cobrar el 100% de la base reguladora hasta 1985 era necesario haber cotizado al menos 10 años, a partir de 1985 subió a 15, con la reforma de 1997 eran necesarios 35 años y la reforma de 2011 exige haber cotizado 37 años para poder cobrar el 100% de la base reguladora.

Por si lo anterior fuera poco, en las dos últimas reformas, la de 2011, con el PSOE de Zapatero, y la de 2013, con el PP de M. Rajoy, se aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años y se eliminó la revalorización de las pensiones con respecto al IPC (índice de precios al consumo). Como se puede ver no hay diferencias en el color político de los sucesivos gobiernos.

La última reforma que se acaba de realizar por el actual gobierno, en lugar de centrarse en reducir los gastos, se ha centrado en aumentar los ingresos. Lo cual, si bien no es tan lesivo para los pensionistas, sin embargo, sigue teniendo como objetivo la sostenibilidad del sistema. La reforma aumenta los ingresos aumentando las cotizaciones, especialmente incrementando el tope máximo de cotización para los salarios más altos.

Si, como decía al principio, la sostenibilidad en los temas ambientales es un engaño para no cambiar nada, la sostenibilidad del sistema público de pensiones es una trampa que nos obligará a realizar continuos ajustes según la coyuntura económica de cada momento y la forma de encararla el gobierno de turno. Que el presupuesto de las pensiones tenga que estar equilibrado no es una cuestión técnica, como nos quieren hacer ver, es una afirmación absolutamente ideológica. Si las pensiones son un derecho ciudadano, y así aparece en el artículo 50 de la Constitución, se deberían financiara través de los Presupuestos Generales del Estado como los otros gastos colectivos: la educación, la sanidad, las carreteras, el ejército,…

Cuál es la razón por la que las pensiones no pueden tener déficit, pero todos los demás gastos colectivos sí. Nunca se plantea la “sostenibilidad” del sistema educativo o del sistema sanitario. Las pensiones no tienen que financiarse exclusivamente por los trabajadores sino por toda la sociedad. Se imaginan que la educación la pagaran solo las familias con hijos e hijas en edad escolar o que la sanidad la pagaran las personas enfermas.

Si las pensiones son un derecho, no lo tratemos como un simple problema financiero, de balance entre ingresos y gastos. Defendamos un sistema de pensiones estable y seguro, no un sistema sostenible o equilibrado. En lugar de tanta reforma del sistema público de pensiones y tanto Pacto de Toledo lo que debe asegurar nuestro ordenamiento jurídico es el pago a las personas mayores de unas pensiones dignas y revalorizadas anualmente respecto al IPC a través de los Presupuestos Generales del Estado.

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