El pasado verano contábamos la historia de María, una mujer separada con un niño de 11 años y que vive en la eterna angustia de no saber si tendrá que abandonar su casa. Ella se dedicó a la crianza de  su hijo, pero su matrimonio no funcionó y eso se ha convertido en un problema.

Ahora tiene nueva fecha, prevista para este miércoles a las 9:00 de la mañana. Es en Sarón, en la calle El Ferial, nº 14, y se ha convocado una acción de Stop Desahucios para intentar evitar que la echen de su vivienda. Ella cuenta, en una conversación con EL FARADIO, que no sabe si agarrarse a la esperanza por los detalles que hacen pensar que no se llevará a cabo el lanzamiento, o si prefiere que esto termine ya, aunque sea con su expulsión. Lo que desea es no seguir en el mismo estado en que se encuentra.

María sabe desde hace meses que es apta para tener acceso a un alquiler social de Gesvican, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Cantabria. Sin embargo, la respuesta es que no hay viviendas disponibles. Está intentando conseguir el Ingreso Mínimo Vital, y pero aún no ha podido lograrlo. Por eso se ve en la imposibilidad de hacer frente a todos los gastos que tiene, y se prepara para recogerlo todo en su casa por si la decisión judicial final es que se ejecute el desahucio.

Hace 13 días que conoció la fecha de desahucio, preparó el recurso, pero todavía no hay una respuesta a él. Quizá, a última hora, se suspenda el desahucio, pero no hay ninguna garantía de ello. El punto al que se agarra es que sigue vigente el Decreto 11/2020, aprobado nada más comenzar la pandemia, que incluía medidas para aliviar la situación de familias vulnerables. Su vigencia, de momento, dura hasta el 31 de diciembre de este año, y ella cumple los requisitos.

El no tener la respuesta definitiva incrementa el estado de angustia y de lenta agonía que siente María. Lo que quiere dejar claro es que ella no quiere «ser una okupa». No es su intención perjudicar a los propietarios del inmueble, pero necesita de un techo donde estar con su hijo y no se le ofrece ninguna alternativa.

María se siente acorralada, hasta el punto de que otra de sus preocupaciones es su propio estado de salud. Teme que la factura también sea alta en ese aspecto, porque el tema se alarga y la carga emocional que soporta no se aligera.

Pase lo que pase el miércoles, cree que tiene las de perder, porque los propietarios tienen mucho poder y muchas propiedades, por lo que tarde o temprano acabarán teniendo la razón y el inmueble en sus manos. Y lamenta que el Gobierno de Cantabria, en su día, no consiguió darle solución, y su Ayuntamiento tampoco la ha escuchado, ahora que su situación es crítica y ella trata de encontrar cualquier solución.

Los colectivos antidesahucios son uno de los pocos apoyos que encuentra. Está muy agradecida a los activistas que han tratado de orientarla, desde el principio, para tratar de que su caso no acabase en una expulsión. Ahora llega otra fecha complicada, a falta de saber cuál es la decisión judicial definitiva y qué dispositivo policial se encontrarán, viendo que cada vez se emplean más medios y con más antelación para asegurar que el desahucio puede llevarse a cabo, como ya se vio en los desahucios de Jennifer, Héctor y Roberto.