A veces suena el teléfono y te asustas. Si estás en el equipo de quienes reciben malas noticias muy a menudo, la simple sintonía del teléfono, o del telefonillo o del timbre de tu casa pueden removerte y activar tus nervios. Es como una alerta que se activa. Quienes se han acostumbrado a que un juzgado les ponga fecha de caducidad en su casa o incluso sufren acoso inmobiliario lo cuentan a menudo.

A veces, las llamadas telefónicas sí dan buenas noticias. A María le ha pasado hoy. Su abogada la ha llamado para decirle que el desahucio decretado para este miércoles se ha suspendido. El recurso presentado, recordando que María y su hijo viven en situación de vulnerabilidad y que eso responde a los requisitos que establece el Decreto 11/2020 para que no puedan ser desahuciados.

El pasado verano contábamos la historia de María, una mujer separada con un niño de 11 años y que vive en la eterna angustia de no saber si tendrá que abandonar su casa. Ella se dedicó a la crianza de  su hijo, pero su matrimonio no funcionó y eso se ha convertido en un problema.

Ahora ha conseguido sortear esta nueva fecha. Ella cuenta, en una conversación con EL FARADIO horas antes de conocer la última novedad, que no sabe si agarrarse a la esperanza por los detalles que hacen pensar que no se llevará a cabo el lanzamiento, o si prefiere que esto termine ya, aunque sea con su expulsión. Lo que desea es no seguir en el mismo estado en que se encuentra.

María sabe desde hace meses que es apta para tener acceso a un alquiler social de Gesvican, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Cantabria. Sin embargo, la respuesta es que no hay viviendas disponibles. Está intentando conseguir el Ingreso Mínimo Vital, pero aún no ha podido lograrlo. Por eso se ve en la imposibilidad de hacer frente a todos los gastos que tiene. El decreto que ahora la defiende está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Falta saber si se prorrogará o no.

El alargar esta situación en los últimos meses ha provocado que se incremente el estado de angustia y de lenta agonía que siente María. Lo que quiere dejar claro es que ella no quiere «ser una okupa». No es su intención perjudicar a los propietarios del inmueble, pero necesita de un techo donde estar con su hijo y no se le ofrece ninguna alternativa.

María se siente acorralada, hasta el punto de que otra de sus preocupaciones es su propio estado de salud. Teme que la factura también sea alta en ese aspecto, porque el tema se alarga y la carga emocional que soporta no se aligera.

Reconoce que cree que tiene las de perder, porque los propietarios tienen mucho poder y muchas propiedades, por lo que tarde o temprano acabarán teniendo la razón y el inmueble en sus manos. Y lamenta que el Gobierno de Cantabria, en su día, no consiguió darle solución, y su Ayuntamiento tampoco la ha escuchado, ahora que su situación es crítica y ella trata de encontrar cualquier solución.

Los colectivos antidesahucios son uno de los pocos apoyos que encuentra. Está muy agradecida a los activistas que han tratado de orientarla, desde el principio, para tratar de que su caso no acabase en una expulsión. Y ellos recuerdan que, cuando hay una fecha de desahucio con una acción convocada para intentar frenarlo, los dispositivos policiales crecen en tamaño y cada vez se despliegan con mayor antelación para asegurar que el desahucio puede llevarse a cabo, como ya se vio en los desahucios de Jennifer, Héctor y Roberto.