Este martes 14 a las 9.30 horas será el juicio contra los activistas que hace tres años intentaron parar un desahucio en Astillero.

Los acusados se enfrentan a penas de dos años de prisión por parte de la Guardia Civil, que actúa como acusación particular, o de un año y medio por parte de la Fiscalía.

Durante este tiempo, han estado arropados por el colectivo ‘Ni desahucios ni represión’, que ha tratado de sensibilizar sobre cómo este causa aúna ambas cuestiones: el problema de la vivienda y el de la represión de las protestas (y que tiempo después se materializaría otra vez con los casos de Jennifer o Héctor, de Gama).

Además del colectivo, para esa fecha se busca ampliar apoyos con una doble convocatoria, una concentración ante los Juzgados y una manifestación por las calles.

En detalle, la concentración será el martes 14 a las nueve frente a los juzgados, en la calle Alta, y la manifestación está convocada a las 19.00 horas, desde el Reenganche (la calle Burgos) hasta el Ayuntamiento, pasando por los juzgados y la Oficina de Vivienda, justo enfrente.

Aquel día en Astillero, frente a la tónica habitual en esos momentos, el desahucio se consumó, y además varios participantes fueron detenidos

Están acusados de tirar vallas, provocar lesiones en la mano de un Guardia Civil o romper un casco, cuando, según recalcan, el miembro del colectivo fue “arrastrado por la fuerza por la Guardia Civil hacia dentro del portal”, esto es donde no se podía “ver lo que pasaba”, donde, añaden, fue agredido e insultado, sin que la denuncia que él interpuso como víctima fuera aceptada.

Al respecto, critican el “trato desigual” que han sufrido frente a sus denunciantes, que pudieron declarar por escrito. Lo que plantean es que la acción de tirar la valla, que causó lesiones a un agente según se plantea, no tuvo la intención de hacer daño.

Desde el colectivo ponen el acento en lo que originó todo, los desahucios, la dificultad del acceso a una vivienda y de afrontar el pago cada vez más elevado de alquileres e hipotecas, así como el “chivo expiatorio” de la ocupación –estadísticamente irrelevante en Cantabria- para “desviar la atención” de las prácticas de expulsión de vecinos por parte de fondos de inversión o entidades bancarias.

Asimismo, inciden en que estas convocatorias para frenar desahucios son el “último recurso” para “impedir lo que a veces no es posible conseguir previamente con otras formas de presión y denuncia”, recordando que los colectivos de vivienda, como la PAH o STOP DESAHUCIOS, realizan un trabajo cotidiano de apoyo y asistencia a afectados en momentos de extrema preocupación.

“Cuando no quedan más opciones, no queda más remedio que acudir a portales y puertas para impedir ese hecho tan violento como es dejar a gente sin casa habiendo tantas casas sin gente”, señalan.

En cualquier caso, abogan por no ver lo sucedido como “un hecho aislado”, sino que lo enmarcan en una “hostilidad permanente” contra el movimiento de vivienda y sus integrantes: sin ir más lejos, recientemente se ha conocido la sanción de 600 euros a uno de los participantes en la acción para tratar de frenar el desahucio del activista Roberto Mazorra.