La Coordinadora Cántabra de ONGs por el Desarrollo, que agrupa a decenas de entidades que desarrollan proyectos de cooperación por todo el mundo, ha advertido de que la retirada de fondos a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada, tendrá «consecuencias muy graves» sobre una población civil, la gazatí, «sin posibilidad de escapatoria».

En un comunicado, y en línea con la Coordinadora Estatal, detallan que diez países han seguido los pasos de Estados Unidos y han retirado los fondos destinados a este organismo (Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Japón), que se justifican en la supuesta implicación de algunos empleados en el atentado de Hamás de octubre. .Según precisan, la propia ONU ha abierto una investigación sobre los señalados, 12 personas de un total de los 13.000 que trabajan en Gaza.

Esta retirada, alertan, supone la suspensión de más del 60% de los fondos que recibe esta agencia y ese recorte «traerá gravísimas consecuencias sobre dos millones de personas que necesitan la ayuda humanitaria para garantizar su supervivencia» ya que los fondos con los que cuenta actualmente la UNRWA solo podrán cubrir las necesidades del mes de febrero.

Desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, en sintonía con la Coordinadora de ONGD de España, se alerta de la «dramática situación a la que se condena a la población civil de Gaza».

«El castigo a la población civil palestina es inhumano; las consecuencias sobre sus vidas son gravísimas», insisten, recordando que la situación en la franja de Gaza «no tiene precedentes» ya que más de dos millones de personas están «atrapadas sin posibilidad de escapatoria». De estos, casi 1,5 millones tienen estatus de personas refugiadas de Palestina.

Allí, enumeran, «los bombardeos son constantes, el ataque a hospitales no cesa, el hambre se utiliza como arma de guerra, la entrada de ayuda humanitaria se bloquea…», y ahora ven peligrar la ayuda humanitaria y de refugio que se les daba desde la ONU, que acogía en sus instalaciones a cientos de miles de personas.

«Criminalizar a una agencia que garantiza la supervivencia de la población civil en los territorios Palestinos ocupados y en los países donde tiene mandato (Líbano, Jordania y Siria) puede suponer, además, una grave desestabilización en la zona»,  señalan, y «retirar los fondos destinados a garantizar la supervivencia de más de dos millones de personas supone la complicidad con una violación gravísima de derechos humanos», además «sin precedentes».

Además, va en contra de la legislación internacional: la pasada semana el Tribunal Internacional de Justicia fue muy claro con la sentencia que ordena a Israel a tomar medidas que garanticen la asistencia humanitaria a la población de Gaza. Es decir, no sólo obliga a Israel a permitir el acceso de una ayuda que es crucial para salvar vidas, sino que, además, manda un mensaje muy claro a toda la comunidad internacional: retirar los fondos destinados a garantizar la supervivencia de más de dos millones de personas supone la complicidad con una violación gravísima de derechos humanos, un «atentado directo» contra más de dos millones de personas».

Por eso, piden al Gobierno español que contribuya a que los países que han retirado sus fondos reconsideren su decisión.