Los órganos judiciales de Cantabria recibieron en 2023 un total de 7 demandas por ocupación ilegal de vivienda, un 75,8 por ciento menos que un año antes.

Así, la tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes en todo el año se sitúa en Cantabria en1,2, inferior a la registrada por la media nacional (4,3).

Si esta semana recuperábamos los datos del tercer trimestre, con un único caso, y que eran los últimos que se tenían actualizados –mientras el Gobierno de Cantabria-Consejería de Fomento aseguraba que se trata de un programa creciente, que requiere una comisión específica, en el que los afectados no denuncian y cuestionaba los datos judiciales–, hoy se han conocido ya los del cuarto trimestre y por tanto el conjunto de 2023 de la estadística sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales.

Los últimos datos del Poder Judicial reflejan un único caso de ocupación de viviendas

Mientras tanto, hubo un total de 151 lanzamientos –expulsiones de viviendas–, frente a 448 de 2022. 18 fueron de hipoteca y 123 por alquileres.

Y se iniciaron 270 ejecuciones hipotecarias (pérdidas de vivienda por impagos de hipotecas)

Además, el juzgado de cláusulas –creado ante la acumulación de casos de cláusulas abusivas bancarias— dictó 4.093 sentencias, un 122,9 por ciento más que un año antes, debido al refuerzo que tiene este juzgado, donde cinco miembros de la carrera judicial están colaborando para sacar adelante los procedimientos que se han ido registrando en este órgano desde su especialización en 2017.

CONCURSOS DE ACREEDORES

Asimismo, los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el pasado año 2023 un total de 349 concursos de acreedores, lo que supone un aumento del 60,1 por ciento respecto a los ingresados durante el ejercicio anterior (218).

Son los concursos presentados por particulares, esto es, por personas naturales no empresarias, los únicos que aumentaron, y lo hicieron un 120,3 por ciento respecto a 2022, al pasar de 138 a 304.

Por el contrario, los concursos de empresas disminuyeron un 30,4 por ciento (de 56 a 39) y los de empresarios, un 75 por ciento (de 24 a 6).

DESPIDOS

Por otro lado, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander aumentaron un 19,2 por ciento respecto a 2022, al pasar de 1.013 a 1.207,y las reclamaciones de cantidad crecieron un 30,6 por ciento, pasando de 1.714 a 2.239.