Los intergrupos parlamentarios se reunían el pasado mes de enero en Vitoria, donde aprobaron una declaración en la que mostraban su disconformidad con el cambio “radical e histórico” del Gobierno ante el Sáhara Occidental, y que fue leída esta semana por los representantes del intergrupo del parlamento cántabro. Un intergrupo es una delegación con miembros de todos los partidos: en Cantabria son Álvaro Aguirre (PP), Jorge Gutiérrez (PSOE) y Teresa Noceda (PRC)

Asimismo, reiteraban que el Frente Polisario es el “legítimo y único” representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU y la comunidad internacional., y criticaban que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental “es ilegal y no puede tener efectos jurídicos o políticos que menoscaben el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia”.

Además de apoyar a los presos de Gdimlsik, condenados en un proceso “ilegal y sin garantías”, urgen a España y la Unión Europea a que inicien negociaciones con el Frente Polisario en torno a las relaciones comerciales tras las sentencias europeas que dictaminaron que Maarruecos no tiene soberanía reconocida sobre el Sáhara.

Lectura declaracion instituciuonal de la XXVII conferencia de los intergrupos parlamentarios «Paz y libertad en el Sahara Occidental» en el patio central del partlamento de Cantabria.

En la declaración de Vitoria, se exige el cese de la ocupación ilegal del Sáhara y el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, seguir considerando de referencia el Auto de la Audiencia Nacional que se pronuncia sobre España como “potencia administradora de iure” del Sáhara Occidental (al no haberse culminado el proceso de descolonización con la independencia del territorio).

Y exigir al Reino de Marruecos que se produzca la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis y cesen las violaciones de derechos humanos en las prisiones que controla garantizando la integridad física y psíquica de los presos, así como trasladar la solidaridad con sus familias y condenar la vulneración de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados.

La declaración insta a Naciones Unidas a que promueva “sin más dilación la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental”, solución que, recuerdan, pasa por llevar a la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración del referéndum. E instar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a que nombre a un Relator de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental.

Se urge a continuar denunciando el expolio de los recursos naturales, a pesar de las sentencias, en el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos y exigir a las empresas que operan en la zona el respeto al derecho internacional y a los derechos de la población saharaui. Instando a los interesados (empresas y países) a entablar negociaciones con los legítimos representantes del Pueblo Saharaui (Frente Polisario).

En la misma línea, insisten en que, a la vista de la grave situación que se vive en el Sáhara Occidental, la MINURSO, la misión especial de Naciones Unidos, amplíe sus funciones y cometidos en el Sáhara Occidental, y exigir a la Unión Europea que haga efectiva la cláusula de respeto a los derechos humanos establecida en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos.

Se reclama reforzar la cooperación política con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) por el papel “fundamental y decisivo” que desarrollan en los campamentos de la población refugiada y en los Territorios Ocupados. Y a la vez hacer un llamamiento en relación con su situación de invisibilidad, víctimas de la violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas.

E instar a las instituciones públicas del Estado Español a continuar e incrementar el apoyo económico, solidario y humanitario, tanto a la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados.

En este sentido, la Conferencia de Intergrupos, consciente de la responsabilidad legal y política que el Estado Español tiene con la situación en el Sáhara Occidental, reitera el llamamiento al Gobierno de España para que exija al Reino de Marruecos el “escrupuloso” respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui, y se avance hacia el otorgamiento de un estatus diplomático a la Representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU.

También se le pide que aumente la cooperación y la ayuda humanitaria con la población saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios liberados al constatar “con preocupación” la reducción de las aportaciones de la Agencia Española de Cooperación en los últimos años.

En relación a la sociedad, instan a los medios de comunicación a tratar el conflicto del Sáhara Occidental con la misma importancia y relevancia que le confiere la sociedad, y animan a tantas personas solidarias a que a través de las redes sociales difundan y denuncien la situación del Sáhara Occidental.

La declaración incluye el compromiso de los parlamentos de facilitar las relaciones institucionales y políticas de sus entes con el Parlamento Saharaui, por lo que apoyan la Red de parlamentarios que en favor del pueblo saharaui fue presentada en la última Conferencia de Argel.

También instan a los ámbitos universitarios, judiciales y político-administrativos a seguir trabajando por el esclarecimiento de las actuaciones contra los derechos humanos ocurridas en el Sáhara Occidental, y agradecen a las asociaciones, federaciones y colectivos solidarios y sociales que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui y cuyo único fin es lograr un futuro en libertad para el pueblo hermano, además de destacar especialmente la importancia fundamental del programa de acogida de niños y niñas “Vacaciones en Paz” y del “Proyecto Madrasa”, máximos exponentes de la solidaridad y de las relaciones de afecto y cercanía con las familias saharauis.

La Declaración de Vitoria-Gasteiz se remitirá al Secretario General de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, a la Casa Real de España, al Gobierno de España, a la Comisión Europea, a la Representación del Frente Polisario en España, al Parlamento Saharaui (Consejo Nacional Saharaui), al Gobierno de Marruecos, a la Unión Africana, al Parlamento Europeo, al Parlamento Africano, al Congreso y Senado de España y a los Parlamentos Autonómicos.