El conflicto laboral con Mercadona en  Cantabria se agrava «a pasos agigantados» tras la huelga convocada en los últimos días: desde el sindicato MAYSA recriminan a la empresa que «en su empeño de seguir campando a sus anchas, continúa con sus represalias hacia los representantes de los trabajadores, hostigándoles para que frenen su defensa sobre la plantilla».

Así, relatan un episodio sucedido el pasado viernes, cuando durante casi una hora «retienen en una sala con engaños y coacciones a una delegada del sindicato sólo con un objetivo, que firmase una documentación».

Tal y como exponen, la delegada de MAYSA «se encontraba totalmente indefensa, pues le fue negada por parte de la empresa la asistencia de un representante legal de su sindicato y se la pretendía hacer un interrogatorio sin ser citada formalmente ni informada con qué fin».

La única explicación que se la dio fue «que estaban allí para ayudarla y hacerla unas preguntas», pero, apuntan, la verdadera intención de la mercantil es que ha reabierto, de manera unilateral y a solicitud de los denunciados, un protocolo de acoso que ya estaba cerrado.

Mercadona, «con sus actos que rayan lo delictivo, convierte ahora a las víctimas del presunto acoso en verdugos y pasa con estas acciones del servilismo que quiere de sus trabajadores y sus representantes a la esclavitud, demostrando que se cree por encima de la ley y los procedimientos legales, motivo por el cual ya se han tomado las medidas oportunas contra la mercantil, denunciando ante la Inspección de Trabajo y ante el Juzgado de lo Penal».

Asimismo, también se ha interpuesto denuncia contra un responsable de RR.HH ante el Colegio de la Abogacía de Cantabria, por presunta falsedad documental y por conflicto de intereses, y este órgano ha comunicado que se da a trámite la denuncia dándole a la abogada 10 días para alegar.

«La verdadera imagen de la empresa puntera de la distribución queda totalmente al descubierto con la nueva denuncia interpuesta por MAYSA por reabrir protocolos ya cerrados por los denunciados con la amenaza de depurar responsabilidades sobre las supuestas o presuntas víctimas del acoso con procedimientos totalmente irregulares y no ajustados a ley no identificando ni siquiera la documental de la Comisión de investigación para legitimar el proceso», señalan.