El Ayuntamiento de Santander extiende el impacto de las viviendas turísticas a la identidad local, la convivencia o la imagen de los destinos
Al terminar el verano pasado, el Ayuntamiento de Santander hizo un descubrimiento: la proliferación de viviendas turísticas estaba causando un incremento en los precios de la vivienda en alquiler convencional, llegando a causar problemas para encontrar alejamientos a inquilinos tradicionalmente bien acogidos como los estudiantes universitarios o el personal de Valdecilla.
Si bien lo que hizo tras ese descubrimiento fue rechazar aportaciones de la oposición, como una tasa turística, y esperar a la regulación que hiciera, ya para el verano siguiente, un Gobierno de Cantabria que ha insistido reiteradamente en que los ayuntamientos tienen una herramienta propia a la que también recurrir: el urbanismo, competencia local.
Ya rondando el verano, la situación ha ido a más, llegando a trascender el primer caso público de todo un edificio vendido para destinarse a usos turísticos por parte de sus nuevos propietarios, un fondo de gestión de finanzas que acaba conduciendo al capital latinoamericano desembarcado en Madrid.
Y no es que desconozca el problema, no sólo porque lo revelara en el Pleno del ahora lejano mes de septiembre pasado, sino porque salía mencionado en su Plan de Vivienda, con datos propios y en cuya presentación la alcaldesa llegó a plantearse la posibilidad de centrar estas viviendas en los bajos comerciales, muchos de ellos vacíos durante años ante la negativa del rentismo local a adaptar los precios a las actuales necesidades del mercado.
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También aparece la referencia al impacto de esta modalidad turística en los precios de vivienda en las aportaciones que realiza el Ayuntamiento de Santander al futuro decreto de regulación que prepara el Gobierno de Cantabria para la vuelta de verano y para el que se han recabado aportaciones en las últimas semanas.
En el documento, analizado por EL FARADIO, aparece la referencia a los precios que el Ayuntamiento no había explicitado en su proceso de consultas previas a estas aportaciones: en la reunión con la Asociación de Hostelería de Cantabria se ciñó a aspectos de seguridad, medio ambiente o competencia, y con las entidades vecinales lo abordó en cuestiones de convivencia y seguridad, pero nunca planteó en esos encuentros el problema de la vivienda ni se reunió con colectivos centrados en este sector, como la PAH.
LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS
En el documento municipal se refieren al impacto de estas viviendas sobre el mercado del alquiler de larga duración: incremento de precios, reducción de la oferta, desplazamiento de residentes, impacto en el comercio y en los centros históricos…
Pero no es el único problema que citan: en las aportaciones de Santander se suman otras, por primera vez en público, como los efectos sobre la convivencia (“pérdida de familiaridad de vecindario”), el desgaste de zonas comunes por el uso intensivo, el impacto en la demografía o los choques de costumbres entre residentes y viajeros que pueden ser de distintas costumbres y conviven en prácticamente los mismos espacios.
O , en cuanto a la gestión, problemas de coordinación entre partes por la diversidad de competencias –entre las que menciona expresamente a las autoridades locales o la policía municipal, pese a que trata de llevar a la conclusión de que como institución carece de competencias, mientras ciudades como Madrid o Bilbao implantan medidas de regulación–.
EL AYUNTAMIENTO REPLICA LAS APORTACIONES QUE YA HABÍAN HECHO LOS HOSTELEROS POR SÍ MISMOS
Las aportaciones abogan por una retroactividad: una regulación transitoria de entre 2 y 5 años para que se adapten a la norma todas las viviendas registradas en la actualidad.
Buena parte de las aportaciones del Ayuntamiento al futuro decreto autonómico de viviendas turísticas son las que habían lanzado los hosteleros en un encuentro que mantuvo con ellos previo a ultimar este documento.
Por ejemplo, en lo relacionado con el medio ambiente, explica que se produce un uso intensivo de las viviendas, con una alta rotación de visitantes que tiene reflejo en el consumo de recursos (agua, residuos…), planteando que en los establecimientos hoteleros se insta a un uso responsable o se mide el impacto ambiental, por lo que eso debería extenderse a los demás.
Asimismo, se incide en los problemas tributarios o de competencia desleal respecto a otras actividades que sí están sujetas a las obligaciones específicas.
Al respecto, entre las soluciones que plantea el Ayuntamiento y ya habían trasladado los representantes del sector por sí mismos, está la limitación temporal y de propiedad: entre 30 y 50 días el total de días al año que se puede alquilar una vivienda particular. Los hosteleros explicaron entonces que al ser una actividad económica, tiene repercusiones fiscales y tributarios. El Consistorio añade que de esto modo se pasa ya a la consideración como actividad económica, condicionado a licencia de apertura municipal.
Tanto con hosteleros como con entidades vecinales se abordaron otras cuestiones, que la asociación empresarial planteó igualmente, como los relacionados con la seguridad: en los alojamientos hoteleros convencionales y los extrahoteleros más allá de estas viviendas se pide identificación a los huéspedes, mientras que al no hacerse en los apartamentos turísticos, estos pueden ser objeto de actividades delictivas, por ese menor control.
También menciona requisitos de accesibilidad: escaleras, rampas, etc..
En lo relacionado con el sector de la hostelería y el turismo, el Ayuntamiento identifica problemas como el desconocimiento de la demanda real por el menor control de estas viviendas, problemas sobre la imagen del destino, la protección del consumidor al no ser atendidos por profesionales o la saturación del destino.
