Izquierda Unida ha propuesto al Gobierno de Cantabria que establezca una moratoria de tres años a los permisos para nuevas viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma.

Se trata de tres años de moratoria, es decir, en las que no se concedan nuevas autorizaciones, hasta que se redacte y apruebe el nuevo decreto, y durante un período posterior que permita evaluar si ha funcionado correctamente en cuanto al que debe ser el principal objetivo de esta normativa: reducir los precios de la vivienda de uso residencial en Cantabria.

Así lo ha expuesto el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha explicado que “si lo que se quiere abordar es el descontrol, no se puede permitir que el descontrol continúe mientras se regule, porque lo que se está haciendo entonces es, simple y llanamente, ser parte activa en el crecimiento de los precios de la vivienda en la comunidad, la que realmente necesita la población para vivir y en la que encuentra enormes dificultades para acceder”.

Es una de las medidas que figura en las aportaciones que ha trasladado la coalición cántabra al decreto, en las que advierte de que “el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico está restringiendo las viviendas disponibles para la Cantabria real, la de las familias trabajadoras o la juventud, pero también afecta a los profesionales de pequeñas casas rurales que sí cumplen las normas”.

“Si el Gobierno de Cantabria quiere saber lo que le espera a nuestros pueblos y ciudades, no tiene más que visitar Madrid, Barcelona, Canarias, Baleares o ciudades andaluzas, convertidas en decorados para los turistas, sin residentes locales, recluidos en los extrarradios o directamente lejos de sus territorios de origen. ¿Es eso lo que quiere para nuestro futuro? ¿De verdad cree que eso creará riqueza y fijará población al territorio?”, inquiría Ruiz Salmón, que afea que “frente al criterio que creen mantener los responsables de Vivienda en Cantabria, que se niegan a aplicar la Ley Estatal para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, lo que están haciendo con este bien esencial es intervenir en el mercado para perjudicar a las familias: cada minuto que pasa sin que actúen, ellos mismos están subiendo los precios de los alquileres”.

LA MORATORIA

El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria ha recordado que no es la primera vez que se aprueba una moratoria de permisos ante una situación de “descontrol”: ya con la Ley del Suelo de 2001 se suspendieron las licencias en la costa hasta que se redactara el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

“Preguntamos a los partidos que actuaron tarde ante aquel descontrol -PP, PRC y PSOE-, pero que adoptaron esa medida ‘in extremis’, si no ven que se está en un riesgo similar que podría evitarse”, añadía Ruiz Salmón, quien recriminaba al Ejecutivo que posponga la elaboración del decreto hasta después del verano, “permitiendo así que los rentistas hagan el agosto a costa de los problemas de los demás”.

Ha añadido que la moratoria será prorrogable si surgen nuevos instrumentos de planificación en otras administraciones o si los precios siguen en una situación de subida.

Sus propuestas pasan también por el control del urbanismo municipal: los ayuntamientos sin planeamiento urbanístico o con planeamiento urbanístico sin actualizar tampoco podrán ser objeto de autorización de nuevas viviendas turísticas.

“La razón es clara, sin una planificación adecuada de su urbanismo, no se pueden seguir autorizando decisiones que afecten a la ordenación del territorio y a los usos del suelo, como es la conversión en la práctica de espacios residenciales en espacios turísticos”, ha señalado, insistiendo en que “permitir el estado actual de las cosas supone, ni más ni menos, intervenir en el mercado subiendo precios y expulsando a jóvenes y familias de nuestros pueblos y ciudades”.

En el campo del urbanismo, ha agregado, se exige que los nuevos planeamientos o sus revisiones deben definir las zonas del municipio en las que se permitan viviendas turísticas: “del mismo modo que no se instalarían industrias frente a viviendas, debe regularse el suelo para autorizar estos usos, creando zonas en las que puedan ubicarse y zonas en las que no, explican desde IU.

De hecho, el planeamiento urbanístico debe comprobar si sus servicios públicos (sanidad, limpieza, tráfico) están adaptados a la carga de población que suponen las viviendas turísticas, regularizadas o no: “si con esas cifras no pueden prestar el servicio, no podrán autorizar nuevas viviendas”.

INSPECCIÓN GENERAL, TASA TURÍSTICA Y CENSO DE VIVIENDAS

Además, dadas las continuas referencias de las instituciones a las diferencias entre las viviendas turísticas autorizadas y las realmente existentes, Izquierda Unida considera básico realizar una inspección general en todas las que reflejen los portales “para que sólo funcionen las que deban hacerlo porque sí cumplan la normativa”. “Nadie entendería admitir que existe una ilegalidad y no actuar contra ella”, ha defendido, remarcando que para realizar esa inspección será necesario, como recogen sus alegaciones, incrementar las plazas destinadas a este fin en la administración, lo que tendrá efectos positivos en un aumento de la recaudación y en una lucha contra el dinero negro.

Las alegaciones también plantean la implementación de tasa turística a nivel autonómico que, además, permita a los ayuntamientos su modulación al alza mediante para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos locales, o el desarrollo de un censo que concrete el número real de viviendas destinadas a alquiler para residencia habitual y alquiler para uso turístico.

Asimismo, plantean que las inmobiliarias y portales de vivienda deban garantizar una ratio mínima de oferta del 80% de viviendas para uso residencial, quedando el resto disponible para vivienda de uso turístico. Y recuerdan que en capitales europeas como París, Londres o Berlín ponen límites al número de días que se puede poner en alquiler vacacional.