La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander ha realizado aportaciones al período de consultas que se ha abierto desde el Gobierno de Cantabria para el nuevo decreto de regulación de viviendas de uso turístico, que están contribuyendo al incremento de precios de los alquileres o propiedad detrás de los problemas para hacer frente a la vivienda en muchas familias.

Sus aportaciones, consultadas por EL FARADIO, pasan fundamentalmente por un mayor control en este tipo de viviendas en distintos aspectos.

LÍMITES Y TOPES

PAH Santander

Así, piden que se establezca una ratio máxima de viviendas o locales que se pueden destinar a pisos turísticos por municipios y barrios, teniendo en cuenta su población, sus servicios públicos y especialmente si se trata de una zona tensionada (sometida a altas variaciones de precios en la vivienda respecto al IPC).

También quieren fijar el número máximo de viviendas que un propietario, físico o jurídico pueden tener en un mismo municipio destinadas al alquiler turístico al mismo tiempo.

Asimismo, se debe aplicar al alquiler una adecuada regulación para evitar los “trust” (herramientas de gestión del patrimonio que implican a varias personas y pueden acabar funcionando como propiedades interpuestas) de la vivienda y la especulación abusiva.

Esa necesidad de más control y organización abarca también a la necesidad de que se establezcan claramente las normas que deben cumplirse relativas a la habitabilidad y de convivencia vecinal en este tipo de alquileres.

UN CENSO “PRECISO”

En general, reclaman la elaboración de un censo preciso por parte de los Ayuntamientos y el Gobierno Autonómico, que incluya la oferta de este tipo de viviendas destinadas al alquiler de temporada.

En la misma línea, creen que debe haber una solicitud a los Ayuntamientos de carácter obligatorio para poder alquilar una vivienda por temporadas o estancias cortas. Esto hará que se pueda tener un censo preciso de cuántas viviendas y locales se están destinando para uso turístico.

POLÍTICA FISCAL

Las aportaciones de la PAH se extienden al plano fiscal, con la introducción de un “impuesto ecológico” a las viviendas que destinen su uso para alquileres turísticos, pudiendo realizarse mediante aumentos del IBI.

O promover los alquileres de larga duración mediante bonificaciones fiscales graduales, según la duración del contrato, a los propietarios.

Las propuestas de Podemos pasan “por elaborar un mapa de zonas tensionadas en toda la comunidad en las que se impida la instalación de nuevas viviendas turísticas”.

En opinión de los morados, las viviendas de uso turístico no deberían de superar el 2 % del total en las áreas tensionadas, considerando zonas tensionadas “aquellas en las que el coste del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito, así como en aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años”.

Asimismo, Podemos considera necesario que el establecimiento de viviendas turísticas en edificios colectivos “cuente con la autorización de la junta de propietarios”, y que la licencia de actividad “pueda retirarse en caso de denuncias reiteradas por molestias a la vecindad”.

Para Mercedes González, coordinadora de Podemos Cantabria, resulta clave la creación de un registro público de este tipo de viviendas ya que, “a día de hoy, no es posible saber qué viviendas turísticas están registradas y cuáles no”.

Según afirma González, “el ejecutivo no tiene capacidad para acabar con todos los pisos turísticos ilegales, pero tampoco es sencillo denunciar ya que la ciudadanía no tiene posibilidad de discernir qué pisos son o no legales. Por esto”, sentencia, “es imprescindible la creación de este registro”.