Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones al borrador de decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT), en las que advierte expresamente sobre la posibilidad, que rechazan, de que puedan construirse en suelo rústico.

Recuerdan al respecto la reciente modificación, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024, de la Ley del Suelo, para favorecer la construcción de viviendas en suelo rústico –modalidad reservada expresamente para usos ligados a actividades del medio rural-.

Asimismo, consideran necesario poder disponer de un Censo de VUT, intervenir y modificar la fiscalidad en pro del alquiler de larga duración, cuidar del patrimonio cultural, y poner coto a las entidades que acaparan muchas viviendas, así como dar protagonismo en las decisiones a las Comunidades de Vecinos/as.

Desde Ecologistas en Acción temen que el nuevo decreto ahonde en el “ ataque al derecho a la vivienda, el desorden urbanístico en suelo rústico y el aumento del deterioro del territorio de Cantabria, en el contexto de una inexistente visión a medio y largo plazo del modelo territorial”.

E inciden en que el acceso a la vivienda es “uno de los principales debates urbanos, políticos y ciudadanos en la actualidad”: “en los últimos años, el incremento en los precios de alquiler alcanza dimensiones desconocidas en España, hasta el punto de poderse hablar de una burbuja del alquiler”, un proceso que “coincide con el boom del turismo urbano y el cambio en los hábitos de consumo del alojamiento por parte del turismo masivo, asociado a las plataformas de internet”.

En todo este fenómeno se entremezclan, repasan, los desahucios los fondos de inversión especulativos (fondos buitre), las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Somicis), la reducida oferta de parque de vivienda protegida; etc.

En la actualidad, un fondo buitre es el mayor poseedor de vivienda privada de España y los fondos de inversión especulativos son el principal comprador de viviendas protegidas en régimen de alquiler, determinantes en el aumento de desahucios y la subida de los precios de la vivienda.

Mientras, los colectivos sociales denuncian las alteraciones del mercado de alquiler y los riesgos que conlleva la gentrificación turística y los nuevos procesos de segregación urbana.

Y así, en determinados barrios, “la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en una simple inversión especulativa y motivo de gentrificación”, mientras que “en otros, los conjuntos habitacionales funcionan como grandes contenedores sociales de población marginada”.

En los casos más extremos, estos llegan a la instrumentalización de fenómenos como desahucios, ocupación, estigmatización y empobrecimiento forzado para devaluar los barrios; según modelos de acumulación por desposesión y apropiación de rentas inmobiliarias. De hecho, los desahucios por impago de alquiler son, en determinados barrios, una condición necesaria para la revalorización inmobiliaria y la gentrificación y, sobre todo, la turistización.

Y añaden que estas plataformas favorecen la expansión de las viviendas de uso turístico, cuya oferta disponible (legales e ilegales) llega a suponer un volumen tres veces superior a las viviendas turísticas con licencia en aquellas ciudades con más presión turística, como Barcelona o Sevilla o Santiago.