La Asamblea de la PAH Santander – Cantabria, a través de sus miembros y simpatizantes, se ha personado la mañana de este viernes ante la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa, para dejar constancia de la grave problemática de acceso a la vivienda para quienes residen en la región, que actualmente se encuentra con precios desorbitados debido al apremiante interés especulativo de destinar las viviendas principalmente al uso turístico, lo que choca con el artículo 47 de la Constitución: “la vivienda es un derecho de primera necesidad, no un bien de mercado”.

En una convocatoria masiva ante la presencia de los medios de comunicación, y rodeados de miembros y simpatizantes así como representantes de otras organizaciones que han apoyado, la PAH Santander ha procedido a registrar sus correspondientes alegaciones ante la apertura del trámite de consulta pública con respecto a la redacción del Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. “Dada la ambigüedad de la normativa con la que pretenden regular las viviendas turísticas en Cantabria, y siguiendo el ejemplo de otras comunidades como Canarias, hemos registrado alegaciones al Decreto antes de que sea demasiado tarde, y confiando en que sean tenidas en cuenta”, aseguran desde la PAH de Santander.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerdan que llevan meses tratando de solicitar una reunión con el consejero Roberto Media, “por ahora sin ninguna respuesta”, por lo que han solicitado reunirse con el Director General de Vivienda, Carlos Montes, y también con la presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga: “queremos que nos escuchen. La problemática de acceso a la vivienda es muy grave y requiere intervenciones serias y directas cuanto antes, y si el alquiler turístico no se regula adecuadamente ni se interviene desde el Gobierno, acabará convirtiendo a Cantabria en una comunidad donde primarán las viviendas con dicho uso frente a los alquileres de larga duración. El turista estará por encima del ciudadano”.

Para la presidenta de la PAH, Antonia Luengo, “si no se aplican medidas contundentes para proteger el derecho a la vivienda, las cántabras y los cántabros se van a ver expulsados de nuestra región al no tener dónde vivir por no poder pagar el alto precio del alquiler de una vivienda”, y concluye remarcando que “hemos invitado y animado a los representantes de los diferentes colectivos y partidos políticos a presentar sus propias alegaciones y opiniones ante la consulta pública del Decreto, cuyo plazo de presentación finaliza este martes 16 de abril”.