Un acusado de traer a España a una mujer con discapacidad intelectual para prostituirla, así como otros dos, conocidos del primero, que mantuvieron relaciones sexuales con ella aun conociendo la condición de la mujer.

Según el escrito de la fiscalía, el acusado, de nacionalidad rumana, conoció en su país a una mujer, que padece retraso mental ligero y no ha recibido formación escolar.

Conociendo esa discapacidad, que el Gobierno de Cantabria ha valorado en un 65%, “así como los escasos recursos económicos de ella y su familia en Rumanía, donde la mujer ejercía la prostitución como medio de vida”, el acusado, “con ánimo de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad” de ella, “inició una relación sentimental y convivió con ella durante una temporada”.

“Una vez que se había ganado la confianza de ella, le propuso que vinieran ambos a España, haciéndole creer de forma engañosa que aquí viviría en mejores condiciones, disponiendo de dinero suficiente para vivir, dado que trabajarían en la vendimia o recogiendo chatarra”, continúa el escrito de calificación fiscal.

El acusado “ocultó que sus intenciones reales eran vivir de ella, satisfacer sus propios deseos sexuales y de terceras personas que él determinara e instarla a que cometiera ilícitos penales contra el patrimonio y a que ejerciera la prostitución, beneficiándose de los ingresos económicos que generaran estas actividades”.

Una vez llegaron a España, la mujer se encontró “en un país extraño para ella, sin posibilidad de comunicarse con otras personas dado que solo hablaba rumano y sin recursos económicos propios, a lo que se añadía su discapacidad intelectual”.

El acusado, que guardaba la documentación personal de ella, le mandó “desde el primer momento a que robara como forma de vida, a lo que ella se negó”. Antes esta negativa, él “la prostituyó con amigos y conocidos de la localidad donde vivían, creando en una red social un perfil a nombre de ella que él manejaba para establecer los contactos con diferentes hombres”.

Dos de ellos, también acusados, vecinos del municipio donde residían, “mantuvieron a propuesta del acusado relaciones sexuales” con ella, “consentidas por esta y a cambio de la consiguiente prestación económica”.

En estos actos, ambos acusados conocían la situación de discapacidad intelectual de la mujer.

La situación se mantuvo hasta que la víctima se escapó del domicilio y fue localizada por las calles “muy temerosa, portando un cuchillo”.

Los hechos constituyen, a juicio de la fiscalía, un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de prostitución de persona con discapacidad que atribuye al primer acusado, y dos delitos de prostitución de persona con discapacidad necesitada de protección que atribuye a los otros dos.

La pena para el primero de ellos, en el que considera la fiscalía que concurre la agravante de parentesco, asciende a nueve años de prisión, diez años de alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer, seis años de inhabilitación para profesión con menores y seis años de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad.

Para los otros dos, la condena solicitada es de tres años de cárcel, cuatro años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, otros cuatro de inhabilitación para desempeño con menores y tres años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a la mujer en 15.000 euros por el daño moral que le ha causado. Además, la indemnización a la que los otros dos hombres deben hacer frente, según el ministerio público, es de 2.000 euros cada uno.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la mujer, añade a los citados delitos el de agresión sexual continuada, que atribuye a los tres acusados.

Por eso, la pena pedida para el primero suma 19 años y medio de prisión (nueve años y medio por el delito de trata y diez años por la agresión sexual), alejamiento e incomunicación con la mujer durante diez años y libertad vigilada por el mismo periodo.

La pena que solicita para cada uno de los otros dos acusados es de quince años de cárcel (cinco años por el delito de prostitución y diez por el de agresión sexual), así como diez años de prohibición de acercamiento y comunicación y otros diez de libertad vigilada.

Como responsabilidad civil, pide la acusación particular que los tres afronten una indemnización en favor de la víctima de 30.000 euros “por las secuelas derivadas del estrés postraumático y por los daños morales y psicológicos causados”.