La semana judicial en Cantabria vuelve a estar marcada por la violencia sexual y la vulneración de derechos fundamentales de mujeres y niñas. Al menos cuatro procedimientos penales por delitos sexuales y de género se celebrarán entre el 12 y el 16 de mayo en la Audiencia Provincial, todos con víctimas especialmente vulnerables.

Entre los casos más graves figura el de un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual a su sobrina menor de edad, con una discapacidad del 76%. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, donde la joven acudía con frecuencia. La acusación sostiene que el procesado aprovechaba momentos en los que ambos estaban a solas para forzarla a mantener relaciones sexuales, lo que derivó en un embarazo. La víctima dio a luz con solo quince años. La fiscalía solicita trece años y medio de prisión, además de inhabilitaciones y medidas de alejamiento e indemnización. El juicio será este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El martes, en la Sección Tercera, se juzga a un hombre por un delito de agresión sexual a una mujer a la que conoció en una salida nocturna. La Fiscalía relata que, tras convencerla para subir a una vivienda con la excusa de usar el baño, la forzó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. La víctima sufre secuelas psicológicas por estrés postraumático. El ministerio público solicita seis años de cárcel y su expulsión del país una vez cumplidas dos terceras partes de la condena, dado que el acusado es extranjero. La acusación particular pide elevar la pena a ocho años.

Por otra parte, ese martes continúa el juicio contra tres hombres acusados de un delito de trata de seres humanos y prostitución de persona con discapacidad. El principal procesado está acusado de engañar a una mujer con discapacidad intelectual en Rumanía para traerla a España bajo falsas promesas laborales. Una vez aquí, la habría sometido a explotación sexual con terceras personas. Dos conocidos suyos también están acusados de mantener relaciones sexuales con la víctima, siendo conscientes de su situación. La Fiscalía pide penas de hasta nueve años de cárcel y la acusación particular eleva las solicitudes a hasta diecinueve años y medio, al añadir el delito de agresión sexual.

Finalmente, el viernes se reanuda el juicio contra un hombre acusado de abusos sexuales continuados a la hija de su pareja, desde que tenía diez años hasta los doce. Según el relato fiscal, los hechos se producían en el domicilio familiar, aprovechando la ausencia de la madre. El acusado habría realizado tocamientos reiterados y prácticas sexuales no consentidas. La Fiscalía pide seis años de prisión, además de inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con menores y una indemnización de 12.000 euros a la niña.

Además, el viernes será la vista sobre la prórroga de prisión del condenado por el delito de asesinato de su hija y de su mujer en Liaño de Villaescusa en diciembre de 2021. El hombre fue condenado por la Audiencia Provincial a prisión permanente revisable por el asesinato de la bebé y a 25 años de prisión por el de su pareja.

Dado que la sentencia ha sido recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la pena aún no es firme y el procesado se encuentra en prisión provisional, medida sobre la que el tribunal que le condenó debe decidir acerca de su prórroga.

Y el viernes a las 10 continuará con el trámite de conclusiones e informes del juicio iniciado el 29 de abril contra un acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, desde que la niña tenía diez años hasta los doce.

Explica el ministerio público que la menor ha presentado, a consecuencia de los hechos descritos, “sintomatología de reexperimentación, hipervigilancia y alerta constante, problemas de concentración, sentimientos de rabia, asco y tristeza”.

Los hechos constituyen, a su juicio, un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, merecedor de seis años de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, seis años de inhabilitación para empleo o cargo público, diez años de inhabilitación para trabajo que conlleve contacto con menores y seis años de libertad vigilada tras su salida de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, solicita la fiscalía que el acusado indemnice a la menor en 12.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado.

La acusación particular, por su parte, solicita también el alejamiento y la prohibición de comunicar con la menor durante quince años.

Un patrón que se repite

Los casos que llegan a juicio esta semana reflejan la persistencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas, muchas veces en entornos cercanos y de confianza (parientes, pareja de la madre…). La presencia de víctimas menores de edad o con discapacidad intelectual es un factor que agrava la situación de vulnerabilidad.

Recursos de ayuda para víctimas de violencia sexual y machista

Cualquier persona que haya sufrido violencia sexual puede recurrir a los siguientes recursos públicos y especializados:

• Teléfono 016: confidencial y gratuito, disponible 24 horas. No deja huella en la factura telefónica.
• Emergencias 112: intervención inmediata ante situaciones urgentes.
• Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Gobierno de Cantabria: acompañamiento institucional y asesoramiento.
• Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Santander y otros municipios: programas de atención y protección a víctimas de violencia de género.
• CAVAS (Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales): atención psicológica, jurídica y social. Teléfono 942 21 80 98. Web: www.cavas.es

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