Izquierda Unida (IU) ha presentado una batería de nueve enmiendas al borrador de la Ordenanza Fiscal 3-T, que regula la nueva tasa por la gestión de residuos municipales en el Ayuntamiento de Santander.

Una de las principales propuestas presentadas por Izquierda Unida es la ampliación de la bonificación del 90% de la tasa, actualmente limitada a personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Social Básica, a todos los hogares con ingresos por debajo del IPREM o del Salario Mínimo Interprofesional, así como a familias numerosas. Además, la formación plantea que estas reducciones se apliquen automáticamente cruzando datos con Hacienda o Servicios Sociales, para evitar la carga burocrática y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Junto a esto, IU propone una tarifa progresiva basada en el valor catastral de las viviendas. De este modo, quienes tengan inmuebles de menor valor pagarían menos, y quienes sean titulares de viviendas de alto valor asumirían un recargo. “Es una forma sencilla y legal de acercarnos al principio que marca la Constitución de que cada cual contribuya según su capacidad económica”, ha señalado el concejal de la formación, Keruin Martínez.

Asimismo, el edil ha propuesto una tarifa diferenciada en función del número de personas empadronadas, mediante un criterio que certifique que los empadronados residen regularmente en los domicilios. “De este modo, no se penaliza a aquellas familias cuyos hijos puedan estar, por ejemplo, estudiando y viviendo fuera de Santander”, ha recalcado Martínez.

De igual modo, entre las medidas el concejal ha insistido en mantener la tasa completa a pisos vacíos propiedad de grandes tenedores, bancos y fondos de inversión, “como un incentivo para su movilización al mercado de alquiler”.

Contenedores inteligentes vinculados a la tarjeta ciudadana

En el plano ecológico, Izquierda Unida ha apostado por reforzar el peso del tramo variable de la tasa, vinculado al número de personas empadronadas, y, en sus alegaciones, propone mecanismos más precisos “para premiar a quienes reciclan, compostan o separan residuos en origen”.

En este sentido, la formación ha planteado que el Ayuntamiento vincular la tasa con la instalación de contenedores inteligentes vinculados a la futura tarjeta ciudadana, que permitirían calcular con mayor exactitud la generación de residuos, “y aplicar incentivos y bonificaciones de forma más justa a quienes más reciclen”.

Equidad para pequeños comercios y grandes superficies

El grupo también ha solicitado medidas para garantizar la equidad entre pequeños comercios y grandes superficies, mediante la aplicación de coeficientes correctores “que eviten que los primeros terminen pagando proporcionalmente más”.

Por último, IU reclama una aplicación más realista de la tasa en función del uso efectivo de los inmuebles. Por ello, han planteado que las viviendas de uso turístico (VUT) tributen como locales comerciales, “cumpliendo el uso comercial que, de hecho, les diferencia de las viviendas habituales”.

“La tasa puede y debe estar al servicio de una ciudad más solidaria y más limpia”, concluye el concejal de IU, que ha defendido que el Ayuntamiento “tiene margen político y técnico suficiente para aplicarla con criterios de justicia social y ambiental”. “Pero eso solo será posible si la diseñamos con sensibilidad social y verdadera ambición ambiental, ha finalizado”.

Alegaciones a la modificación de la ordenanza del TUS

Por otro lado, el edil ha anunciado que su formación también ha planteado alegaciones a la modificación de la ordenanza del Transporte Urbano de Santander (TUS), proponiendo “una mayor casuística sobre el permiso de acceso a perros, para incluir a los que viajen junto a una persona con diversidad funcional”, siempre que estén debidamente acreditados, así como a los perros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Municipal.

Se trata, según sus palabras, “de que con los artículos que se modifican cubran el mayor espectro posible en relación con el acceso de perros en el transporte público, garantizando también la comodidad y seguridad del conjunto de viajeros”.

El PRC exige un «gravamen especial» en la nueva tasa de basuras para los pisos vacíos

El Grupo Municipal Regionalista ha registrado este viernes una decena de alegaciones a la Ordenanza Fiscal nº 3-T, reguladora de la tasa por la gestión de residuos municipales, entre la que destaca un «gravamen especial» para los pisos vacíos del municipio, entendiendo estos como «aquellos en los que no haya ninguna persona empadronada».

Felipe Piña

Su portavoz municipal, Felipe Piña, ha explicado en un comunicado que la finalidad de esta medida es «contribuir al mantenimiento económico del servicio» que, en determinadas zonas de la ciudad, tiene que mantenerse a lo largo de todo el año para una gran cantidad de viviendas «cuyo disfrute es, en muchos casos, ocasional».

Este gravamen irá incluido en la tarifa básica común (TBC) de la tasa residencial, que abarca los costes fijos asociados a la disponibilidad del servicio, propios de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia municipal. Así, esta tarifa, que se establece en 103,64 euros por año, será ampliada en tramos en función de la superficie del inmueble vacío.

Como ya adelantó hace una semana, el PRC está «totalmente en contra» del modelo elegido por el equipo de Gobierno para gravar esta nueva tasa, ya que, en su opinión, «castiga injustamente» a las familias de Santander, al imponerles las tasas más elevadas, mientras que «parece premiar» a los propietarios de las cerca de 9.000 viviendas vacías que existen en la ciudad, quienes deberán pagar la cifra mínima al no contar con ninguna persona empadronada.

Piña ha recordado que al establecer la parte variable en función del número de habitantes censados en la vivienda, se dan situaciones tan «paradójicas» como que en un hogar con cuatro miembros se pagarán unos 151 euros al año, mientras que el propietario de una vivienda vacía, «que probablemente esté alquilada de manera ilegal en diversas épocas del año», deberá pagar alrededor de 114 euros anuales, «obviando en ambos casos la cantidad y tipo de residuos realmente generados».

El portavoz regionalista ha calificado esta medida como «totalmente injusta» e «incomprensible» teniendo en cuenta que el informe encargado a la Universidad de Cantabria plantea otras opciones «más favorables para los vecinos» como el consumo de agua y la capacidad económica de los residentes.

Asimismo, ha reprochado a la alcaldesa que no haya contado con la participación de las entidades vecinales, ambientales y sociales para la implementación de este modelo fiscal, por lo que los regionalistas han pedido «abrir un proceso participativo en el que todos los implicados tengan voz para mejorar el documento final».

Las alegaciones presentadas por el Grupo Regionalista también incluyen propuesta como establecer un sistema de pago personalizado «que se ajuste a las necesidades de cada contribuyente» con la posibilidad de abonar la cuota de manera mensual, trimestral o anual; incorporar un descuento del 5% por la domiciliación del recibo y reducir la cuota de los vecinos de las zonas de la ciudad en las que el volumen de residuos reciclados sea mayor, tal y como sugiere la Universidad de Cantabria en el informe elaborado.

También han pedido catalogar las viviendas de uso turístico como «grandes generadoras de residuos» y, por consiguiente, considerar que su actividad principal es económica y que su tasa será gravada con «un importe superior al resto de viviendas» y han planteado la puesta en marcha de un «programa piloto» vinculado al contenedor marrón en el que los ciudadanos podrán identificarse con una tarjeta y obtener una rebaja del 50% en la cuota. El objetivo será «extender de manera progresiva este sistema a todos los contenedores».

Para finalizar, los regionalistas han solicitado realizar una rebaja del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) con el fin de «aminorar la carga que supondrá la subida de la tasa de basuras para los vecinos» y reducir las cuotas asignadas a los no residenciales en la categoría de Oficinas 6.2.10 y aumento en la categoría de alojamientos 6.2.7.