El portavoz del PRC (Partido Regionalista de Cantabria) en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha denunciado públicamente la aparición de cajas abiertas llenas de expedientes municipales tiradas durante más de ocho horas en la vía pública, concretamente en la puerta del propio edificio consistorial.

En una publicación en redes sociales, Piña califica los hechos como “lo último que me faltaba por ver” y advierte de la gravedad de la situación, al estar comprometida la protección de datos tanto de personas administradas como de funcionarios municipales, en este caso de áreas relacionadas con parques y jardines.

En su mensaje, en el que han sido ellos los que han tenido que quitar los datos, lamenta que los documentos estuvieran a la «merced de su suerte», al quedar expuestos sin vigilancia ni control durante toda una jornada.

“Esto ya no es pura dejadez, se trata de un asunto grave en el que la protección de datos brilla por su ausencia”, remarca el edil regionalista, que considera que se ha vulnerado de forma evidente la normativa vigente. Las imágenes publicadas han sido, según el propio portavoz, seleccionadas para no mostrar el contenido completo de las cajas ni documentos personales, aunque afirma que “la imagen era dantesca”.

Piña ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan.

Protección de datos y gestión pública

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece que las administraciones públicas son responsables del tratamiento seguro de la información personal que manejan. Cualquier fallo en la custodia de documentos puede constituir una infracción grave si implica la exposición de datos sensibles.

Por otra parte, organizaciones como la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) han alertado en reiteradas ocasiones del riesgo que supone la desprotección documental en espacios públicos, especialmente en contextos administrativos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en informes recientes, ha subrayado la obligación de las instituciones de implementar protocolos seguros de archivo y destrucción documental.

La aparición de estos expedientes en la calle podría motivar una intervención del organismo regulador si se confirma la exposición indebida de datos personales y si es denunciado por los perjudicados.

Reclamaciones de mejora en la organización municipal

La denuncia de Piña se suma a otras críticas del grupo regionalista sobre la organización interna del Ayuntamiento santanderino. En los últimos meses, el PRC ha instado a mejorar las condiciones laborales del personal funcionario, reforzar los procedimientos de transparencia y revisar los protocolos de seguridad en la documentación interna.

Felipe Piña ya ha trasladado su preocupación al resto de grupos municipales y no descarta solicitar una comparecencia de responsables políticos o técnicos para aclarar lo sucedido. En sus palabras, “espero que nadie se haya llevado nada a casa”, una advertencia que pone de relieve el riesgo de filtraciones o usos indebidos de información confidencial.

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