Alejando Fernández miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Cantabria y docente

Que el gobierno de Cantabria apoya la educación concertada y privada ―junto con los diputados que respaldan sus muy equivocadas decisiones― lo supimos cuando pocas semanas después del desembarco de este consejero y su troupe, el profesor ahora reconvertido afirmó que iba a proponer concertar el Bachillerato en los colegios concertados para que ese alumnado se sintiera mejor. Tras esa primera declaración en la cresta de la ola, el mar se ha embravecido y los docentes de la pública estamos varados y encallados en la orilla, ya no le importamos a nadie.

A este gobierno, igual que a los de su mismo color, se le llena la boca con la palabra “libertad”, pero no la aplican a quienes estamos enseñando a sus hijos. Quizá crean que porque no nos permitan ejercer ese derecho, vamos a dejar de luchar por él: lo están intentando al sacar un decreto invalidando los servicios mínimos de los centros, en un claro intento de subvertir un derecho constitucional como es el de la huelga, y obligando a buena parte del profesorado a permanecer en los centros para que el porcentaje de esta huelga baje muchos enteros y parezca que no ha servido para nada la huelga del 3 de abril.

“Los profesores no hacen nada, tienen demasiadas vacaciones, no se preocupan por los alumnos y solo están deseando que llegue fin de mes para cobrar”. ¿Cuántas veces has oído esta cantinela? ¿Quién la decía? ¿Estás de acuerdo? A nivel social estamos absolutamente denigrados, totalmente encallados como un viejo barco hundido en la orilla. Hace décadas que esto nos está haciendo daño, pero no al profesorado sino a la sociedad al completo. “Mi hija quiere ser médica, fisioterapeuta, militar, profesora, arquitecta, historiadora; mi hijo quiere ser enfermero, maestro, ingeniero informático, actor”. Las familias están deseando que sus hijos/as lleguen a ser alguien, pero ¿se han preguntado cómo llegan a serlo? Única y exclusivamente porque los impuestos de todos pagan al profesorado para que eduque a todos esos jóvenes y lleguen a ser lo que quieran ser. Y a esa educación en las aulas, quizá no lo sepas, hay que añadir todo este trabajo:

-varias horas diarias de preparación de materiales (no todos usamos el libro de texto) aunque creas que ser profesor es solo llegar a clase, soltar un rollo e irte a tu casa;

–varias horas semanales de reuniones de coordinación y de corrección de tareas para que el alumnado mejore cada día en sus conocimientos y en su forma de trabajo;

-decenas de horas mensuales de formación permanente tanto en la materia que cada profesor imparte como en didáctica y en nuevas tecnologías ―por si no lo sabías, para cobrar el complemento de formación, los llamados sexenios, hasta ahora teníamos que tener certificadas cien horas de formación cada seis años, pero esta “libertaria” consejería nos quiere obligar a realizar 300 horas por sexenio por 5,28€ más al mes― y ahora nos va a obligar a hacer los cursos que ellos decidan, los que les interesen para ideologizarnos según sus intereses y no aquellos que organizan sobre actualización de las materias y de la didáctica organizadas por las asociaciones profesionales de profesorado;

-innumerables horas semanales de informes y burocracia de todo tipo, lo que nos obliga a dedicar demasiado tiempo a cosas nada importantes y para lo que sí nos pagan, que es para preparar las clases y enseñar con interés y tiempo.

Y con todo esto llevamos 17 años sin adecuación salarial, más que ningún colectivo de la Administración y de muchísimos otros trabajos; con una inflación acumulada de más del 34%. Los sindicatos llevan meses intentando que este gobierno atienda sus reivindicaciones, pero en ninguna de las reuniones ha aportado algo cercano a lo que pide el profesorado. Entonces empezaron una serie de acciones y movilizaciones que acabaron en la primera convocatoria de huelga, la del 3 de abril, y que han decidido extender al 28 y 29 de mayo para seguir ejerciendo presión, la única forma conocida de conseguir que los gobiernos, patronales… atiendan lo que pide cualquier colectivo.

Pareciera que nuestros intereses son solo económicos, pero esa no es la realidad: queremos que bajen las ratios por aula, lo que obligaría a contratar más profesorado y, por tanto, a construir más colegios e institutos, esto sería clave para que el profesorado no estuviera tanto de baja ―algo que molesta mucho al profesor reconvertido, quizá es que él y el profesorado que estuvo a su cargo nunca estuvieron de baja por enfermedad―; que el calendario escolar sea pedagógico y no basado en decisiones o venganzas personales; que las plantillas de profesorado no sean insuficientes, que desde la inspección no se obligue a ciertos centros a admitir más alumnado para recargar las aulas y así que la educación sea imposible; que la Consejería no pueda controlar el Consejo Escolar sino que este sea libre en sus decisiones; que no se mantengan conciertos en colegios con ratios más bajas que las de la enseñanza pública; que no se cierren colegios porque eso influye de nuevo en las ratios establecidas; y todo esto porque al avanzar en la defensa de la Educación Pública, mejoramos la calidad de esta enseñanza, por lo que el profesorado trabaja mejor y esto redunda en beneficio de toda la sociedad.

Este gobierno, y los anteriores, han abusado de la vocación del profesorado, de la enorme responsabilidad que sentimos por el sistema educativo público ―y por todo lo público en general― ya que esto redunda en beneficio de nuestro alumnado y, por tanto, a favor de toda la sociedad. Este gobierno, y los anteriores, han salido a los medios de comunicación desde hace años para proyectar una imagen distorsionada de nuestra profesión y de nuestra lucha por mejorarla.

Por si esto fuera poco, ante nuestro derecho constitucional a la huelga, este gobierno saca un decreto ―de menor fuerza legal que nuestra carta magna, a la que tanto dicen respetar― para anular nuestra voluntad y nuestros intereses como colectivo, y vulnerar nuestro derecho fundamental. Pero esta vulneración, coartar el derecho a huelga, que intenta imponer la Consejería podría constituir un delito tipificado en el Código Penal. Ante tal acción que se podría llevar a cabo, la Consejería ha dado marcha atrás y dice que quien no imparta 2º de Bachillerato no puede ser considerado “servicios mínimos”, ya sea esto el 28 o el 29. En otras ocasiones lo que hacen es incoar expedientes disciplinarios a quien no se amolda a sus imposiciones.

Quizá esta Consejería crea que tratando así al profesorado de esta comunidad, que sobrepasa los 8500 docentes, va a conseguir doblegar al colectivo, pero no será así. Dentro de dos años “doblegar”, “encallar”, “humillar”, “obligar” y “controlar” serán verbos que desaparecerán de su invisible vocabulario para intentar seguir al mando del barco, de la tripulación e incluso del mar. Pero el mensaje que envía el profesorado es claro: diálogo para continuar y ninguna imposición para seguir adelante.

Reflexione: ¿quiere que su hijo sea educado con los mejores profesionales, en las mejores condiciones y con las mejores herramientas? Si responde sí, piense qué debe hacer ante este ataque y cuál debe ser su respuesta dentro de dos años.