El primero de los juicios tendrá lugar este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria. Se trata de un hombre acusado de abusar sexualmente de su prima, de quince años, de la que asumió temporalmente su guarda y custodia durante unas semanas en que la madre de la menor tuvo que ausentarse de España.

Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado, “aprovechando las facilidades que le proporcionaba su situación de parentesco y la estancia en el mismo domicilio, movido por un ánimo de atentar contra la indemnidad sexual ajena y para satisfacer sus deseos sexuales”, entró en la habitación de la menor y procedió a besarla expresando la chica su negativa.

A continuación, le pidió que se quitara en la ropa, a lo que ella, “condicionada en su actuación por el miedo que le generó la situación que motivó un bloqueo de sus reacciones, procedió a quitarse el pantalón”. El acusado la penetró.

Días después, “con idéntica intención”, encontrándose la chica sentada en un sofá, él le pidió que le acompañara y ante la negativa de ella “comenzó a realizarle tocamientos por el interior de la ropa”, incluso le ofreció dinero “por un posible contacto sexual”.

Cuando la madre de la menor regresó a casa, la chica le contó lo sucedido e interpusieron denuncia.

Los hechos constituyen, según la fiscalía, dos delitos de agresión sexual a menor de dieciséis años -uno de ellos de violación-, por lo que pide penas que suman diecisiete años de prisión, otros diecisiete años de inhabilitación para profesión con menores, dieciséis años de alejamiento y prohibición de comunicar con la joven y ocho años de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros por los daños morales causados.

Caso de abusos sexuales a una menor

El martes llega el segundo caso de la semana relacionado con la violencia de género. En esta ocasión, es un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, de doce años de edad.

Según el escrito del ministerio fiscal, el acusado convivía con su pareja y la hija menor de esta, situación que aprovechó para, “con ánimo de satisfacer sus impulsos lúbricos”, realizarle tocamientos en los genitales y besarle en distintas partes del cuerpo.

Por eso, le considera autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, merecedor de seis años de prisión, siete años de alejamiento y prohibición de comunicar con la niña, once años de inhabilitación para desempeño con menores y cinco años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, pide la fiscalía que el acusado indemnice a la menor en 6.000 euros por los daños morales sufridos.

La acusación particular, por su parte, le considera autor de un delito continuado de agresión sexual, y pide siete años y medio de prisión, y el mismo tiempo de alejamiento y prohibición de comunicar.

Tocamientos en el autobús

También el martes se llevará a cabo el tercer juicio de la semana en cuanto a violencia contra las mujeres. Un hombre está acusado de realizar tocamientos a una pasajera del autobús en que viajaba.

La fiscalía explica en su escrito que el acusado viajaba en un autobús de Santander pasadas las doce de la madrugada increpando al resto de pasajeros.

En un momento dado, “perdió el equilibrio, probablemente por una previa ingesta alcohólica o de estupefacientes, a la vez que balbuceaba frases como ‘las mujeres sois unas guarras’”.

Al levantarse, se sentó al lado de una mujer, que al sentirse molesta se levantó para cambiarse de asiento, momento en que el acusado “con idea de satisfacer sus deseos sexuales le sobó y apretó las nalgas”.

La mujer pidió ayuda al conductor, que paró el vehículo, lo que fue aprovechado por el acusado para bajarse del autobús.

Fue detenido en las cercanías por otros pasajeros y por miembros de la policía nacional que había sido advertida por el conductor.

Los hechos constituyen, según el ministerio público, un delito de agresión sexual merecedor de dos años de prisión, cuatro años de libertad vigilada, cinco años de inhabilitación para trabajar con menores y 1.000 euros de indemnización que, considera la fiscalía, debería abonar a la mujer por el daño moral causado.