Este viernes, la AMPA y los docentes del centro educativo El Pedregal de Castro Urdiales han comparecido ante los medios de comunicación para volver a denunciar la indefensión que sienten ante la decisión de clausurar el colegio. Una decisión en favor de la Fundación Barquín, propietaria del inmueble, para dar un uso totalmente diferente, destinando el edificio a una empresa privada del sector náutico.

En el día de ayer anunciaban que han presentado un recurso contencioso-administrativo en contra de la decisión de la Consejería de Educación, y piden al tribunal que deje esa decisión en suspenso como medida cautelar. Hoy añaden que «nuestra denuncia ha sido admitida a trámite y que el juez está pendiente de las alegaciones que pueda presentar la Consejería para admitir o no las medidas cautelares que hemos solicitado. Esperamos que ahora la Consejería no corra a preparar informes que justifiquen el cierre de nuestro centro, porque esos documentos, de haber existido, son los que deberían de haber motivado la decisión del cierre», lo que les da esperanzas de que la peor noticia no se produzca y que sus hijos e hijas puedan seguir el próximo curso en El Pedregal.

Además, han pedido la dimisión del consejero Sergio Silva y que sea sustituido «por una persona con capacidad de dialogar, con capacidad de proponer alternativas y que no esté sujeta a intereses particulares ajenos a su cargo». Afirman que la capacidad del consejero de sentarse con familias y docentes y de buscar soluciones a la situación ha sido nula, y recuerdan que, en su día, el propio Silva expresó que se sentía en deuda con la Fundación Barquín, por lo que le consideran alineado con los intereses de los propietarios y no por la comunidad educativa que se ha formado en el centro.

La AMPA hacía referencia también al compromiso que expresó este jueves la Consejería de Educación de que la ratio no supere los 20 alumnos por aula a partir de 3º de Primaria. Aseguran las familias que la ratio, en Castro Urdiales, es más alta, por lo que cerrar El Pedregal complicará las cosas y obligará a desdoblar aulas en el municipio. Es decir, cerrar este colegio es contraproducente con las intenciones del Ejecutivo, que tendrá que distribuir a los más de 80 alumnos entre los otros cinco colegio de Castro.

Los dicentes, por su parte, han vuelto a resaltar que el pasado 14 de marzo la Consejería comunicó la decisión de cerrar el centro, y este último martes les confirmaron a cada uno de ellos la supresión de su plaza, instándoles a elegir otro centro para el próximo curso, pero sin que ellos, sepan, según han denunciado, qué plazas hay disponibles. Entre esas dos comunicaciones a los docentes hay casi tres meses de tiempo, y aseguran que no ha habido ninguna más entre medias.

Por tanto, los trabajadores del centro se sienten ninguneados por la Consejería, igual que la AMPA. Aunque puedan encontrar acomodo en otro centro educativo, sienten que se perdería el trabajo que han estado haciendo para que El Pedregal funcionase correctamente. Por eso han querido comparecer juntos, para defender que este centro ha hecho las cosas suficientemente bien como para seguir adelante, y que no se está teniendo en cuenta, desde la Consejería, el problema añadido para los alumnos por tener que cambiar de colegio y separarlos.

Los docentes sienten que deben alzar la voz «porque el posible cierre de nuestra escuela sentaría un precedente peligroso para toda la escuela pública, y así como inculcamos el espíritu crítico en nuestro alumnado, nos sentimos en la obligación de intentar frenar esta situación tan injusta y educar con el ejemplo». Y también han mostrado agradecimiento con quienes les están mostrando su apoyo, desde la Junta de Personal de Docente hasta diversas AMPAs de Cantabria, pasando asociaciones y colegios de Castro.

Como ya informábamos este jueves, ahora parece esbozarse otro argumento, la posibilidad que trata de justificar el Gobierno de Cantabria de que el motivo del cierre se debe a problemas económicos de la Fundación Barquín Hermoso, a lo que la alcaldesa de Castro, la socialista Susana Herrán, ha señalado que “se puede intentar incrementar el precio del arrendamiento para poder mantener abierto este centro educativo con su metodología en Castro Urdiales”, planteando también dotar de otra infraestructura para albergar el centro educativo.

El manifiesto promovido por las familias ha recabado 11.000 firmas, que han registrado en el Parlamento. «Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para alcanzar nuestra meta y para proteger a nuestros hijos e hijas: que el colegio, que nuestra comunidad educativa, no se cierre», señalaban ayer, lamentando que las instituciones, «las personas que deberían velar por nuestro interés colectivo», «hayan actuado con la mayor frialdad, distancia y opacidad».

También denunciaban la opacidad cuando han solicitado información para conocer la situación en la que se encuentra el contrato de alquiler entre la Fundación Barquín y el Gobierno de Buruaga, petición que han tenido que llevar ante el Consejo de Transparencia del Gobierno central.

En el plano político, la vicesecretaria general de política municipal del PSOE de Cantabria y alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha afirmado que el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, debe dimitir si no se cumple el acuerdo parlamentario para mantener abierto el CEIP El Pedregal.