Milagros Gárate Larrea de Pasaje Seguro. Profesora jubilada de la Universidad de Cantabria.

Tras la negativa anunciada por el Gobierno de Cantabria de rechazar el reparto de menores extranjeros no acompañados y de recurrir la norma que lo regula por considerarla inconstitucional, el 6 de mayo los medios nos informaron de que el Subdirector de Infancia y Adolescencia presentó ante la Delegación del Gobierno en Cantabria la solicitud de expatriación de 18 menores migrantes tutelados. Está claro que el objetivo perseguido es expulsar a estos 18 menores por mucho que la consejera del ramo insista en que Cantabria es y será siempre solidaria y que opta por la protección de estos niños. Entonces, ¿por qué ha pedido formalmente al Estado la incoación de su expediente de expatriación?

Pese a las protestas en contra de la Presidenta Sáenz de Buruaga, esta decisión conecta directamente con la aprobación en el Parlamento de Cantabria de una resolución presentada por Vox y aprobada con el apoyo del PP el 21 de abril, en la que no solo se oponen a la acogida de los niños varados en Canarias y anuncian recursos, también criminalizan a los niños migrantes con lo que plantean en el 5º punto de la resolución: “Revisar los protocolos de atención y convivencia en los centros que acogen MENAS, incorporando medidas de seguridad, control y seguimiento que prevengan la proliferación de conductas incívicas o infractoras y garanticen la seguridad, tanto de los menores, como del personal y de la ciudadanía” El argumento esgrimido por Vox es siempre el mismo, la inseguridad que genera en la ciudadanía los comportamientos disruptivos y delictivos de estos menores a pesar de que el 28 de abril de 2025 la Consejería de Servicios Sociales informó de que los delitos de menores extranjeros tutelados fueron 0 en 2023 y 2024.

A ese dato, se le añaden otros tan relevantes, como el del que casi el 60% de las personas migrantes menores de 23 años que pasaron por los sistemas públicos de acogida, están trabajando y cotizando hoy a la Seguridad Social.

Por eso, se hace menos entendible el que la distribución por toda España de 4.500 niños y niñas que han llegado a Canarias en condiciones terribles, lo que no plantea problemas técnicos ni políticos relevantes, se haya convertido en un indicador de racismo y crueldad.

Ante la realidad de la migración, ante el hecho de que España ha sido tierra de migrantes pobres, de migrantes perseguidos hasta no hace tanto, ante la evidencia del beneficio social, económico y humano que las personas migrantes aportan a nuestra sociedad, la ultraderecha, y cada vez más la derecha, fomentan todo tipo de falsedades. Con malos propósitos, tal y como mantener a las personas migrantes en condición de inferioridad facilitando su explotación y aislamiento, tal y como provocar desconfianza y racismo hacia los migrantes.

No importa el que la realidad muestre cosas como que buena parte de nuestros seres más queridos: nuestros niños y mayores, las personas con dependencia, estén siendo cuidadas por personas migrantes. Tendrán que estar haciéndolo bien o no les confiaríamos tal responsabilidad. ¿Cómo se compatabiliza esto con las campañas de odio? Probablemente estas actitudes tengan más que ver con quienes ven a las personas migrantes como sirvientes en vez de ciudadanos, y ante la evidencia de que su presencia en nuestra sociedad es tan inevitable como positiva, reaccionan con racismo y crueldad.
Afortunadamente, en España y en Cantabria, mucha gente no acepta el racismo y al odio que la ultraderecha quiere imponer. Ahí están para demostrarlo las cerca de 10.000 firmas obtenidas en la región, de las 700.000 en toda España, a favor de la regularización de las personas migrantes sin papeles que llevan años trabajando en nuestro país. Regularización qué, en estos días, se está discutiendo en el Congreso de los Diputados y que puede suponer acercar en derechos a conciudadanos de origen migrante que trabajan y viven en negro.

Esa mayoría social que quiere acoger y convivir debe seguir expresándose con claridad, las organizaciones de la sociedad civil que facilitamos la recogida en las calles de miles de firmas, una por una, con aclaraciones y con debates, debemos ahora exigir al Gobierno de Cantabria que cumpla con la legislación de acogida sin arrastrar los pies y alejándose de la ultraderecha racista.

Guillermo Fanjul investigador de la organización “PorCausa” señala en un artículo sobre la acogida de menores migrantes en las distintas autonomías lo siguiente: “Cuando una sociedad no es capaz de cuidar a sus niños, aunque estos niños vengan de fuera, es que tiene un problema muy serio y empieza a dejar de ser una sociedad decente”. No se puede decir mejor.