Carlos Yáñez subraya su voluntad de servicio público. Reconoce que la Administración de Justicia es «muy fría». Lo que él quiere hacer como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática es otra cosa. Pretende ser mucho más acogedor, que la gente se acerque a exponer sus casos.

El fiscal dice de la gente que va allí que «les mimamos, porque les hacemos sentir que están un poco en casa. Porque lo que percibimos es que han sido tantas veces rechazados que no queremos que la Administración les rechace. A las víctimas que comparecen en Fiscalía siempre les pregunto qué es lo que quieres, qué es lo que te reconforta».

Reconoce que, hasta el momento, son pocos los casos que han atendido. En parte, porque es posible que buena parte de la sociedad aún no sabe que existe esta posibilidad, abierta a raíz de la Ley 20/2022, la segunda de Memoria Democrática aprobada en España, tras la de 2007. Es la ley estatal, que es a la que se agarra esa Fiscalía, porque la ley autonómica podría decaer por decisión del Tribunal Constitucional. De momento, el Alto Tribunal la mantiene con una medida cautelar, después de que el Parlamento de Cantabria, con los votos de Vox y PP, decidiera derogarla.

Yáñez insiste en que quiere que le molesten, que lleguen más casos hasta su oficina. Porque lo que tratan es una parte «muy emotiva, porque lleva mucho tiempo en el corazón de las personas esa pena», cuenta en una entrevista concedida a EL FARADIO. Relata que, en muchos casos, son personas que llegan a la Fiscalía hablando de sus abuelos y abuelas, pero en realidad quieren ver cumplida una aspiración de sus padres y madres. Por tanto, se trata de una Justicia más de acompañamiento que otra cosa.

Este jueves por la tarde, a las 19:00 en el Casyc de la calle Tantín, Yáñez hablará sobre procedimientos para anular condenas de contenido político dictadas durante la guerra civil y el franquismo. En el acto estará presente la fiscal de Memoria Democrática a nivel estatal, Dolores Delgado.

Esta posibilidad de anular condenas la explica Yáñez como que «hay hechos pasados que no se ajustan a la verdad. Existe un derecho fundamental, un derecho humano, fundamental de todo ser vivo, que es el derecho a la verdad y a la investigación, el derecho a la memoria y con ese procedimiento lo que se trata es de dar realidad a un hecho que no se ajustó a esa verdad».

No se trata solamente, añade el fiscal, de quitar y reparar un agravio a una persona que ya no está, sino también desagraviar a sus familiares, que han tenido que vivir con el estigma de ser hijos, nietos o sobrinos de alguien considerado como un delincuente. También se busca ese ejercicio.

Yáñez aclara que esto no es obligatorio hacerlo a través de la Fiscalía, pero es la manera de poder hacerlo gratuitamente, «y todo el despliegue técnico o el despliegue jurídico que hay que hacer lo hacemos desde la Fiscalía, sin más. Como se trata de un hecho de reparación concreta, no hablamos de actos colectivos, sino que es un acto de reparación concreta, tiene que haber un interés legítimo». De ahí que sean los familiares quienes acuden en busca de esa reparación, porque son los más interesados en que se produzca.

Para quien tenga un interés en abrir un procedimiento de este tipo, tiene rellenar un formulario que tiene preparada la Fiscalía en Cantabria. Y la idea es que sea fácil de rellenar, porque se explique en cada apartado lo que en realidad se está pidiendo. Toda la documentación que se aporte será útil para poder llegar más fácilmente a la raíz del caso. Todo lo que documente su existencia y la condena impuesta es muy útil. A partir de ahí, la Fiscalía se pone a investigar y así poder aportarle todos los elementos necesarios al juez para que pueda dictaminar que ese agravio deje de existir.

El evento de la tarde de este jueves pretende ser, ante todo, divulgativo. Ayudar a que la sociedad civil conozca estas posibilidades y que «se puede acceder con facilidad». Que no a la Fiscalía como un lugar separado del resto de la sociedad, sino como un lugar al que acudir para disipar dudas y donde se entienda lo que ansían.

Pasa lo mismo con casos en que se quiere encontrar los restos de un familiar enterrado donde no debe. «El procedimiento judicial se llama procedimiento sobre hechos pasados. No se cifra en una sentencia condenatoria. Como bien saben aquellos que se dedican, los militares en España mataban bien. Es decir, documentaban la muerte y ejecutaban. Y esos papeles se guardaban. Sin embargo, los falangistas no mataban así. Los falangistas mataban en el monte», dice Yáñez.

La Fiscalía intenta abrir una actuación para localizar un cuerpo, y puede surgir el problema del coste de la exhumación de los cadáveres. Señala el fiscal que «la Comunidad de Cantabria tiene un presupuesto al efecto que, si no estoy equivocado, creo que no ha gastado ningún presupuesto que tiene para la memoria democrática. Creo que no ha gastado nada, cero». Por eso, las actuaciones de la Fiscalía se ciñen a la normativa estatal y no a la autonómica, porque podría decaer.

Otra de las cosas que recoge la ley estatal de Memoria Democrática, y que ya contenía también la primera, es el de eliminar elementos que ensalcen a figuras de la dictadura, como los nombres de las calles. En Santander, 18 años después de aprobarse la primera ley estatal, se ha accedido al cambio del callejero, en virtud de la normativa a nivel nacional. Yáñez refiere que «una ley tiene que cumplirse. Las leyes no son opinables. Yo no le he enmendado la plana absolutamente a nadie. Es el Ayuntamiento de Santander el que dijo que esa calle había que cambiarla. Tenía un acuerdo que no se ejecutaba, ya está. Pero fueron ellos los que dijeron que había que cambiarla y la Fiscalía fue y le dijo oiga, pues cámbiela».