La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, junto a su entidad miembro en Cantabria, ASCASAM, ha presentado este jueves el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024, coincidiendo con el décimo aniversario de esta herramienta de denuncia y sensibilización. El documento alerta de vulneraciones “sistemáticas” en el ámbito infantojuvenil, el sinhogarismo y la falta de accesibilidad psicosocial, e insiste en la urgencia de impulsar cambios estructurales con voluntad política.

El informe, elaborado por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recopila casos, análisis legislativos, testimonios y propuestas concretas para garantizar una atención en salud mental basada en derechos.

Infancia y adolescencia: violencia, desatención y estigma

Uno de los principales ejes del informe es la situación de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, cuya atención presenta graves deficiencias. Según datos del Barómetro de UNICEF España 2023-2024, el 41,1 % de los jóvenes de entre 13 y 18 años manifiesta haber tenido algún problema de salud mental en el último año. Sin embargo, más de la mitad no ha pedido ayuda: el 56 % no confía en sus centros educativos y 4 de cada 10 no saben a quién acudir.

La Confederación y ASCASAM denuncian el uso de prácticas como contenciones, aislamientos o sobremedicación en menores, y exigen un cambio de modelo que priorice cuidados menos lesivos y la creación de una red especializada para la atención de 0 a 18 años.

Entre las propuestas del informe destacan la necesidad de reforzar la Atención Primaria, implementar educación emocional en las escuelas, y establecer indicadores de riesgo en el sistema educativo, con una mejor coordinación entre ámbitos sanitario, educativo y social.

Sinhogarismo y exclusión residencial

El informe también profundiza en la relación entre salud mental y vivienda, subrayando que el acceso a un hogar digno es una cuestión estructural con impacto directo en el bienestar psicológico. Se señala el aumento de personas sin hogar, especialmente mujeres y migrantes, muchas de ellas invisibilizadas por no aparecer en los recuentos oficiales al vivir en condiciones inadecuadas o de infravivienda.

Desde la Confederación se reclama una visión de género en el abordaje del sinhogarismo, más flexibilidad en los servicios sanitarios para facilitar la adherencia de estas personas a los tratamientos, y políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda y al empleo digno.

Salud mental y mujeres: sobrecarga, desigualdad y violencia

En cuanto a las mujeres, el documento constata su sobrecarga mental, fruto de la doble jornada laboral y doméstica, la inseguridad en el trabajo y el estrés continuado. El informe retoma los hallazgos del estudio ‘Mujer y Salud Mental’ (2018), que revelaba que el 81 % de las mujeres encuestadas había sufrido violencia de género, lo que agravaba sus problemas psicológicos, especialmente en entornos rurales.

Frente a esta realidad, se valora el papel del Proyecto JULIA, impulsado por la Federación Salud Mental Castilla y León, que promueve el empoderamiento y la creación de redes de apoyo para prevenir y afrontar los efectos de la violencia machista sobre la salud mental.

Capacidad jurídica y justicia

La Confederación advierte sobre la aplicación deficiente de la Ley 8/2021, que introdujo un nuevo sistema de apoyos para las personas con discapacidad. Persiste, sin embargo, el internamiento forzoso autorizado judicialmente (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que contradice los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Se reclama una formación específica a operadores jurídicos, el impulso a la figura de la persona facilitadora en todos los territorios, el reconocimiento de las voluntades anticipadas, y un sistema flexible y personalizado de apoyos, incluyendo el apoyo entre pares.

Accesibilidad psicosocial y derecho a la seguridad

El informe también plantea la urgencia de reglamentar la accesibilidad psicosocial, incluyendo modificaciones normativas para garantizar que los entornos y servicios sean inclusivos para personas con problemas de salud mental.

Se aborda además el derecho a la seguridad en situaciones de emergencia o desastres naturales, como la respuesta dada por la Confederación tras la DANA en la Comunidad Valenciana, y se insiste en humanizar el sistema de atención, apostando por enfoques preventivos, la participación activa de personas con experiencia propia y una Atención Primaria reforzada.

El papel de ASCASAM en Cantabria

ASCASAM, entidad cántabra integrada en la Confederación, apoyó en 2024 a 1.063 personas con problemas de salud mental y más de 2.600 familias, en sus sedes de Santander, Colindres, Castro Urdiales y Reinosa. También desarrolló programas en centros educativos que beneficiaron a 814 estudiantes.

Además, ofrece orientación y atención gratuita a través del correo electrónico (sede@ascasam.org), su página web (www.ascasam.org) y el teléfono 942 364 115.

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