Este verano está dejando un reguero de incidentes contra la población inmigrante en España. Torre Pacheco dejó de ser un nombre discreto en el mapa de Murcia para convertirse en símbolo de los altercados xenófobos que, en pocos días, acapararon titulares y redes sociales. Colectivos sociales alertaron entonces de un clima cada vez más propicio a discursos discriminatorios y de la preocupación porque episodios similares se repitieran. En las últimas semanas, sin embargo, otro mensaje ha circulado en sentido contrario. Un vídeo viral en el que el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, denunciaba la “criminalización” de los extranjeros y calificaba de “inaceptable” utilizarlos como “arma política”. La declaración adquirió mayor relevancia, al posicionar públicamente a la Iglesia católica, con presencia en todos los barrios y municipios del país, en defensa de la población migrante.

En Cantabria, el debate sobre la inmigración también tiene su reflejo local.  En Torrelavega, el barrio de La Inmobiliaria concentra la mayor diversidad del municipio. Según datos del INE, en 2022 la ciudad contaba con 3.892 vecinos extranjeros (7,6% de la población). En 2024 la cifra ha subido hasta 4.900 personas, un 9,6% del total. En este barrio, la proporción es mucho mayor: un informe municipal de 2007 ya situaba la población extranjera en el 19%, frente al 8,4% del conjunto de la ciudad. Muchas personas que llegan a Torrelavega, por ejemplo a través de la Cruz Roja, optan por quedarse en La Inmobiliaria, un área con la que ya están familiarizados. Sin embargo, el propio Ayuntamiento reconoce que estos residentes enfrentan una situación de vulnerabilidad económica y social significativa. Según el Plan municipal de diagnóstico, aunque optan por asentarse en la ciudad y particularmente en La Inmobiliaria, viven en condiciones precarias. Este barrio está catalogado como una de las “áreas con necesidades de regeneración urbana”, con un espacio público insuficiente para fomentar la interacción social. Además, el Plan Agenda Urbana 2024 destaca que más del 25% de las viviendas vacías de Torrelavega se concentran en esta zona, reflejando una situación de precariedad residencial que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes.

En el corazón del barrio, la Iglesia de la Asunción funciona como centro neurálgico. Juan Carlos Rodríguez del Pozo inició su labor pastoral en la misma en 2004 y, siete años después, asumió el cargo de párroco. Desde entonces, la parroquia siempre ha tenido un marcado carácter social: bajo su impulso nacieron iniciativas como el Hogar del Transeúnte, o la guardería Isla Verde. Desde su experiencia directa, señala una de las principales razones del rechazo social: “Quizá lo que más nos molesta es la pobreza. Si fueran inmigrantes ricos, o vinieran futbolistas o personas con recursos, no tendríamos problema. Lo que realmente nos incomoda es que son pobres.” Su voz se suma ahora a la del arzobispo gallego, en defensa de la dignidad de las personas inmigrantes. Recuerda que, durante sus primeros años en la parroquia, en plena primera ola migratoria, la mayoría de los recién llegados eran hombres en busca de empleo. La parroquia impulsó entonces el proyecto intercultural La Campa, un espacio de encuentro acompañado por Cáritas de Santander para tender puentes entre vecinos. Hoy, explica, la situación es distinta: “Ahora es otra generación. Han abierto tiendas, negocios… y se agrupan más entre ellos. Antes era más fácil propiciar encuentros. Ahora la integración cuesta más. Tenemos pendiente pasar de la multiculturalidad a la verdadera integración”.

Lejos de ver la diversidad como amenaza, la considera un activo: “La interculturalidad es una riqueza tremenda. Mi sueño es que vivamos esto como una oportunidad, que nos llamemos por nuestro nombre y no por nuestra procedencia”. En este contexto, advierte de que es la falta de integración real la que puede llevar a generar tensiones: “Cuando desde distintos ámbitos, incluso políticos, se alimenta el ‘estos vienen a robarnos’, se crea un caldo de cultivo peligroso. Basta una chispa para que estalle. No se trata del país de origen: todos tenemos cosas buenas y malas. Pero si no nos conocemos, es más fácil que surja el rechazo”.

Consciente de la influencia que su voz tiene en el barrio, insiste en la responsabilidad compartida: “Todos los que tengamos algún tipo de poder para incidir en la opinión de la gente, tendríamos que trabajar en común y preguntarnos qué podemos hacer para evitar las tensiones.” En La Inmobiliaria ya existen ejemplos de este trabajo coordinado: la Oficina Municipal de Interculturalidad, que asesora, enseña español y acompaña en trámites a la población migrante; Cruz Roja, con su centro de primera acogida y talleres de inserción laboral; o la Fundación Amigó, que ofrece apoyo socioeducativo a jóvenes y familias. Para el párroco, tejer redes entre estas entidades, las asociaciones vecinales y los colectivos de inmigrantes es la mejor manera de prevenir conflictos “antes de que estallen».

Por otra parte, subraya que, para que la integración sea auténtica, no basta solo con la convivencia: “Hay que invertir en recursos que dignifiquen la vida de las personas y eviten que se formen guetos, para que la gente pueda repartirse por toda la ciudad”. Además, insiste en que es crucial que el gobierno facilite permisos de trabajo y residencia, especialmente para quienes llegan buscando asilo político o refugio. “Aquí hay gente que necesita trabajadores, y también personas que quieren trabajar, pero sin papeles ni titulaciones, no pueden, y eso les complica mucho la vida. El proceso para regularizarse es muy duro”, explica, dejando claro que, sin estas facilidades, la integración se vuelve casi imposible.

“Como cristianos, queremos que se entienda que todas las personas son dignas simplemente por ser personas”, afirma. En línea con el mensaje del arzobispo de Santiago de Compostela, el posicionamiento de esta parroquia en La Inmobiliaria cobra relevancia en un contexto social cada vez más polarizado. Más allá de las palabras, la parroquia actúa, media y presiona para impulsar medidas que favorezcan la convivencia. En un momento en que un comentario incendiario en redes puede desencadenar un conflicto en la calle, ese compromiso adquiere un valor estratégico para evitar que la chispa se convierta en incendio.