El pasado 29 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió a trámite el recurso interpuesto por el profesorado del CEIP El Pedregal, el sindicato de trabajadores de la educación STEC y las familias contra el Decreto de 10 de julio por el que se modifican los Centros públicos de Educación Infantil y Primaria y que recogía el cierre de dicho colegio.

Todo en base a una decisión de la Consejería de Educación que ha asumido, sin compensar con la apertura de otro centro y sin expresar objeción en los órganos en los que podía hacerle, la decisión de la Fundación Barquín de dedicar el edificio, que tenía alquilado al Gobierno para centro público, a una empresa náutica. La Fundación Barquín tiene colegios concertados –privados con apoyo de dinero público- en el municipio, de forma que su decisión suponía eliminar a su competencia pública a la hora de captar alumnos y la desaparición de un colegio en Castro, pero público.

En detalle, el TSJC admitió a trámite el recurso como una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de la Consejería de Educación de Cantabria y definió un plazo para que esta pudiera presentar todas las alegaciones y documentos de soporte que consideraran.

El AMPA del centro, muy activa en la denuncia del cierre, recuerda que la Consejería de Educación de Cantabria manifiesta tener firmado un contrato de arrendamiento con la Fundación Barquín Hermoso para el disfrute del edificio que alberga al colegio de El Pedregal y que en reunión de su patronato el pasado diciembre de 2024 la Fundación decidió no renovar. Desde entonces, la Administración ha ido realizando pasos hacia su cierre efectivo basándose en dicha decisión y argumentando que no se dispone de edificio para que el colegio siga funcionando.

Tanto la comunidad educativa como las familias no han cesado en su empeño para reivindicar la «nula solidez» de esta decisión para justificar el cierre de un colegio público que, además, reivindican que » cuenta con unas características particulares que completan la oferta educativa de Castro Urdiales: un proyecto bilingüe, aulas mixtas, y que cada año experimenta un aumento de matrículas hasta el punto de que once familias no pudieron matricular a sus hijos el pasado curso» –frente al argumentario de la Consejería, que una vez trascendió el cierre pasó de justificarlo por la decisión de la Fundación de no seguir con alquiler a asegurar que se debía a un descenso del alumnado.

Entre las múltiples acciones emprendidas, y como resultado de la falta de disposición por parte de la Fundación y la Consejería de Educación para alcanzar un acuerdo que satisficiera a ambas partes, se tuvo que recurrir a la vía judicial para solicitar la revocación de la anulación de las plazas docentes para este centro.

De forma paralela, la alcaldesa de Castro Urdiales -integrante del Patronato de la Fundación junto con miembros del Gobierno regional que no votaron contra la medida, de la Fundación, y el párroco de Castro Urdiales- solicitó vía judicial la nulidad del acuerdo por el que se rescindía el contrato de arrendamiento al haberse adoptado de forma irregular.

«Todos los pasos dados por la Administración para el cierre del colegio, incluido el decreto de cierre, se sustentan en esta decisión del Patronato», afirma la AMPA del CEIP El Pedregal, que recalca que «por tanto, al declararse nulo dicho acuerdo, el contrato de arrendamiento debe permanecer y ya no existe justificación para cerrar el colegio».

«Aparte de todo esto, según la información de que disponemos, la rescisión del contrato no se hizo dentro del plazo estipulado. Pero esto son de momento suposiciones dado que a pesar de que hemos solicitado insistentemente a la Consejería que nos facilite el contrato de arrendamiento, esta se ha negado expresamente a hacerlo. Según nos han comunicado, dicho contrato está siendo objeto de un análisis judicial, así que esperamos que se puedan resolver todas las dudas», añaden.

Por todo lo anterior, se ha presentado una nueva demanda al TSJC, esta vez solicitando la anulación del decreto de cierre del colegio. «Desde el colegio no vamos a cesar hasta que conozcamos las verdaderas causas del cierre del colegio y logremos detenerlo» – manifiestan las familias -. «Sentimos que la Administración nos está ocultando información, al no aportar dicho contrato a pesar de que incluso hayamos interpuesto recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitarlo», expresan.

«Es muy grave el perjuicio que están ocasionando a familias y comunidad educativa, así como al municipio en su conjunto al privarlo de una oferta educativa diversa por favorecer a intereses privados. Esa no debería ser jamás la función de una administración pública que, por el contrario, debe velar por los intereses de su población», finalizan.