La falta de reconocimiento y la experiencia del menosprecio, según el filósofo alemán Axel Honneth (1949-), pueden conducir a una “lucha por el reconocimiento” de individuos o grupos sociales, porque las personas necesitan sentirse reconocidas, tanto en su identidad como en sus necesidades sociales, para poder realizarse y desarrollar cierta autonomía moral. La lucha por el reconocimiento se configura, así, como el medio por el cual intentamos conseguir ese reconocimiento negado, constituyendo un motor fundamental del cambio y de la justicia social.

La negociación por la adecuación salarial de los docentes cántabros va camino de cumplir un año, un periodo larguísimo. Que el conflicto entre sindicatos y Consejería de educación se ha enquistado es evidente, menos podrían serlo las razones que el consejero Silva afirma no entender, rasgándose las vestiduras ante la opinión pública, como si los 180 euros de adecuación lineal que ofrece fueran de golpe y no repartidos en 5 años, condicionándolos, además, a varios factores que podrían invalidar esa subida.

La gente entiende perfectamente que una subida salarial que abarca dos legislaturas (hasta 2029), subordinándola a la aprobación de unos presupuestos futuros sin actores políticos definidos, es un ejercicio de ilusionismo que recuerda al juego de la bolita: en las últimas mesas de negociación con la Junta del Personal Docente, el consejero se ha divertido moviendo y cambiando las partidas presupuestarias anuales sin aumentar realmente las cuantías, con el claro propósito de ganar tiempo y confiar la mayor parte de la subida a la siguiente legislatura.

Es más, vinculando la adecuación salarial a la aprobación de los presupuestos de cada año de aquí al 2029, convierte a los docentes en “rehenes” de la política parlamentaria. Este es un chantaje político que los sindicatos no pueden asumir, porque descarga el peso de la adecuación en hombros ajenos al Gobierno autonómico, y con la excusa de aprobar la adecuación salarial docente se podría colar en los presupuestos futuros cualquier tipo de medida indigesta a los partidos de la oposición.

Afirma el consejero Silva, desde las páginas de Diario Montañés, que el conflicto parece más político que educativo, dando a entender que los sindicatos que componen a la Junta del Personal Docente están politizados. Esta concepción de la política es cuando menos restrictiva, porque obvia como la “política”, en su significado originario, no significa solamente “gobernar”, sino todo lo referente a la vida en las polis. El hombre, según Aristóteles, es un animal político porque, entre otras razones, gracias al lenguaje y a la razón (logos) puede comunicar con los demás sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Esta capacidad de razonar hace posible la vida en común. Hemos recordado al consejero que el STEC es un sindicato independiente, porque no dependemos de ningún partido político, y gracias a eso seguimos manteniendo nuestra autonomía de dictámenes y mandatos externos. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos o debamos participar en la vida política activa de nuestro territorio, porque es en el debate político donde se toman las decisiones que afectan a la sociedad, en este caso al colectivo docente.

Visto así, no debería resultar extraño que el STEC señale a la opinión pública el uso cuestionable del dinero de los contribuyentes dedicado a partidas como la publicidad en vuelos de Ryanair: 18 millones de euros que pretenden atraer todavía a más turistas a nuestra comunidad, ya suficientemente tensionada y estresada en verano por la llegada masiva de visitantes. El turismo, como afirmó uno de los portavoces de Cantabria No Se Vende, “debería ser complemento de una economía productiva y no un altar ante el que sacrificamos todo, convirtiéndonos en figurantes de un parque temático” (Diario Montañés, 13 de agosto). ¿A quién benefician entonces las partidas presupuestarias dedicadas a publicitar Cantabria o a construir un tobogán en Cabárceno? No es una pregunta capciosa, porque a los docentes se nos repitió varias veces que el dinero es finito, que los presupuestos “no se pueden estirar como un chicle” (Buruaga), pero luego vemos como sí hay dinero para partidas que benefician a unos pocos y que no mejoran esencialmente la vida de quien reside aquí.

Si las cláusulas del contrato que propone Silva no parecen muy esperanzadoras para conseguir una adecuación salarial, más indigesta para los docentes resulta la letra pequeña de esa propuesta de acuerdo. Pueden parecer “flecos” pero no lo son, porque en derecho, como bien sabe Silva, “la forma es sustancia”. El consejero pretende que los sindicatos firmen un pacto con su Consejería en el que ambas partes se comprometan a trabajar juntas para concienciar al profesorado sobre el aumento del gasto en sustituciones durante los últimos 10 años, tomando alguna medida “urgente” dirigida a limitar esta realidad. El consejero no detalla el problema, se limita a cifrar ese aumento en un 176% en 10 años, dando a entender que en el profesorado cántabro hay demasiado absentismo. Evita analizar ese dato porque hacerlo supondría tener en cuenta varios factores, por ejemplo, la extensión paulatina del permiso por maternidad y (sobre todo) por paternidad en los últimos años: cuando nació mi primer hijo disfruté de 4 semanas de permiso, mientras que con el segundo ya eran 16.

Podríamos seguir: ¿se ha hecho algún estudio sobre la salud física y mental de los docentes después de la pandemia? No consta. Resulta evidente cómo los meros números a veces ocultan una realidad en lugar de explicarla, y que solo un atento análisis puede ayudar a resolver un problema. Lo contrario es pura propaganda. Apoyándose en sus números, Silva pretende que los sindicatos acepten y firmen con el acuerdo salarial una descalificación de todo el colectivo docente que él ha venido haciendo a lo largo de estos meses en sus múltiples declaraciones, sin olvidar la propuesta, ya retirada, de premiar a los docentes que no falten más de 3 días al año (como si ir a trabajar enfermo fuera un mérito y la pandemia no nos hubiese enseñado nada). Sin embargo, el espíritu de esa infausta propuesta sigue permaneciendo en los resquicios del último borrador del acuerdo, allí donde Silva quiere que los sindicatos avalen su teoría del absentismo docente. Que yo sepa, las bajas médicas no las firma el paciente: si hay dudas sobre la veracidad de algunas de ellas, compete a la administración comprobarlas, no a los docentes o a los sindicatos.

Por todo eso, el conflicto entre el colectivo docente y la Consejería de Educación está trascendiendo, a mi juicio, la esfera meramente económica de cualquier negociación salarial, porque a esta legítima demanda (tras casi 18 años de congelación), se han ido sumando los malhumores y la indignación por el trato, o mal trato, reservado al profesorado durante el último curso escolar. Finalmente, volvemos al análisis social de Axel Honneth: cualquier forma de menosprecio o de falta de reconocimiento, puede conducir a una “lucha por el reconocimiento”.

Los sindicatos han convocado una serie de movilizaciones que amenazan con dificultar el inicio del nuevo curso escolar: 2 días de huelga en septiembre y, si no hay acuerdo, una semana entera en octubre. En manos del consejero está desactivar el conflicto que se ha creado con el cuerpo docente, proponiendo por fin una adecuación salarial justa y realista, pero sin “letra pequeña” ni condicionamientos.