El sindicato STEC (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria) ha denunciado que las negociaciones con el Gobierno de Cantabria para desconvocar la huelga en el sector educativo siguen encalladas por un punto que consideran “inaceptable”.

Según han explicado, en la reunión convocada este jueves entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a aceptar el resto de reivindicaciones planteadas. Es decir, no hay ya impedimentos en las medidas, pero se ha añadido una última traba a la larga cadena de malas prácticas negociadoras –desde acudir sin propuestas, lo que precipitó el encierro de los representantes del profesorado en la sede del Gobierno hasta el afirmar tras la multitudinaria manifestación por Santander que el siguiente paso les tocaba a los sindicatos en lugar de al Gobierno–

En concreto, lo que hace el consejero Sergio Silva es mantener como condición que el acuerdo quede supeditado a que el Parlamento apruebe los presupuestos autonómicos de 2026, 2027, 2028 y 2029.

Desde la organización sindical califican esta exigencia como un hecho sin precedentes en la negociación pública. El STEC sostiene que esta cláusula convertiría al profesorado en “rehén” de la estabilidad política y presupuestaria de los próximos años. Es decir, los presupuestos podrían incluir otras medidas que no gustaran al resto de partidos –privatizaciones, recortes en otros sectores– .

No sólo eso, sino que se desconoce cómo funcionara el Parlamento más allá de 2027, en que hay elecciones: si seguirá gobernando el PP, si lo hará en minoría, coalición o con otros apoyos, o si será otro partido. Con esta fórmula, se convierte un acuerdo del Gobierno en algo débil e inconsistente.

SILVA FÍA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL GOBIERNO A OTROS PARTIDOS

El PSOE aseguraba gráficamente que se usa a los docentes como «rehenes» y que es una forma de presionar a otros partidos que vienen de apoyar al PP en sus presupuestos, como el PRC, ante el temor a no tener ya este apoyo.

El propio Silva admitía ese debilidad del Gobierno por su minoría y necesidad de acuerdos con otras fuerzas, descargando en esos partidos la responsabilidad de confirmar el acuerdo salarial docente y obviando que tiene otras fórmulas como ser él quien lo incluya como condición en las negociaciones al ser un acuerdo cerrado.

Es, recuerdan los docentes, algo inédito con otros colectivos de la administración que han firmado acuerdos con el Gobierno sin que se haya incluido esta cláusula —por ejemplo, los sanitarios–.

“Ningún acuerdo que se haya producido en el marco del diálogo social con empleados públicos ha estado nunca condicionado a ninguna otra circunstancia”, corroboraba el PSOE, mientras el Gobierno trataba de justificarse apelando a normas de estabilidad que parecen no regir para otros sectores.

Y lo remarcaban desde ANPE, miembro de la Junta de Personal: «los presupuestos de Cantabria se negocian en el Parlamento de Cantabria, no en una mesa sindical, y no podemos aceptar una condición que nos dejaría a merced de los intereses políticos de los distintos partidos».

Además, el consejero debe

Así las cosas, al consejero Silva apenas le quedaba el argumento de señalar a los docentes como causantes del problema en lugar de una reacción a la gestión de Educación. Silva apelaba a la “responsabilidad” de la Junta de Personal Docente ante los “daños” que, a su juicio, puede generar una huelga al inicio del curso.

“Esa huelga de inicio de curso puede dañar gravemente a la educación pública de Cantabria», aseveraba Silva, en la misma semana en que ha tenido que reconsiderar, ante la presión familiar y vecinal, la reducción de plazas en el colegio público Manuel Llano en Terán, Cabuérniga.

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