El comité de empresa del transporte sanitario programado o no urgente de Cantabria —integrado por UGT, CCOO, USO y CGT— ha denunciado el impago de salarios a la plantilla por parte de la concesionaria saliente, DIAVIDA, y ha señalado también a la nueva adjudicataria, AUTRANSA, así como a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), como responsables solidarios en la cadena de contratación pública. La representación sindical sostiene que los impagos se arrastran «desde julio» y que la deuda comprende la nómina completa de agosto, los diecinueve primeros días de septiembre, además de las liquidaciones correspondientes (pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas).

La reclamación se ha formalizado mediante la presentación de un conflicto colectivo ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA), registrada el 22 de septiembre de 2025, en la que se solicita el abono de las cantidades adeudadas con los intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. El escrito se dirige contra DIAVIDA, contra Autotransportes Sanitarios, S.L.U. (AUTRANSA) y contra el Servicio Cántabro de Salud, alegando sucesión de empresa (artículo 44 del Estatuto) y responsabilidad solidaria de la empresa principal (artículo 42.2).

Según la documentación aportada por el comité, DIAVIDA comenzó a prestar el servicio de transporte sanitario no urgente como adjudicataria del SCS el 1 de octubre de 2024, tras contrato firmado el 25 de septiembre de 2024, subrogando a la plantilla que entonces realizaba el servicio. El contrato se resolvió de mutuo acuerdo con el SCS y la empresa dejó de operar el 19 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. A partir del 20 de septiembre, AUTRANSA asumió la concesión, con la subrogación de la totalidad de la plantilla, integrada por 136 trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, el comité valora que AUTRANSA haya adelantado parte de la nómina de septiembre correspondiente a los días de prestación efectivos desde el arranque del servicio el día veinte, si bien recalca que se trata de un «pequeño alivio» ante la situación económica de la plantilla y sus familias. Además, la representación sindical advierte de «deficiencias» detectadas en el inicio de la concesión, como falta de vestuario e incidencias técnicas en ambulancias, que la empresa atribuye a la premura en la puesta en marcha, y para las que ha prometido soluciones «en los próximos días».

En este sentido, el comité ha solicitado una reunión urgente con AUTRANSA para exigir soluciones inmediatas orientadas a garantizar los derechos laborales y la seguridad y calidad del servicio público. La representación de la plantilla confía en que, con la nueva etapa, el pago íntegro y puntual de los salarios, el cumplimiento del convenio colectivo y del pliego de condiciones sean la norma y no la excepción.

Además, en el escrito al ORECLA la parte social reitera la reclamación de salarios de agosto, diecinueve días de septiembre, liquidaciones, y partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones, recordando que la sucesión de empresa no extingue obligaciones y que la Administración contratante ostenta responsabilidad solidaria en los términos legales cuando actúa como empresa principal del servicio externalizado. La petición incluye señalamiento de acto de conciliación previo a la vía jurisdiccional, con designación letrada para su seguimiento.

Además, el comité de empresa —con representación de UGT, CCOO, USO y CGT— facilita un teléfono de contacto para media y para personas afectadas, a nombre del delegado de UGT en el sector, Ricardo Alonso. Por otra parte, la comunicación sindical subraya que la plantilla afectada es la del transporte sanitario programado en Cantabria, encuadrada en el Convenio Colectivo del sector del Transporte Sanitario de Personas Enfermas y Accidentadas en Ambulancia en la comunidad autónoma.

En este contexto, la parte social afirma que su objetivo inmediato es normalizar la situación laboral y operativa en el arranque de la nueva concesión, con seguimiento de los compromisos de AUTRANSA, y, en paralelo, recuperar las cantidades adeudadas por DIAVIDA y, en su caso, por las entidades obligadas en la cadena de responsabilidad. El comité insiste en que la continuidad del servicio a la ciudadanía requiere estabilidad laboral y medios adecuados.

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