Un plan interno de la Comisión Europea que plantea extender su acuerdo comercial con Marruecos al territorio del Sáhara Occidental ocupado ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de organizaciones saharauis y colectivos de derechos humanos. Denuncian que esta iniciativa representa una «luz verde para más represión» y contraviene directamente la jurisprudencia europea sobre la situación legal del territorio.

El borrador, revelado por Western Sahara Resource Watch (WSRW), expone la intención de la Unión Europea de obtener un mandato que le permita negociar con Marruecos nuevas condiciones comerciales que incluyan el Sáhara Occidental. Este movimiento podría votarse formalmente el miércoles 1 de octubre, según la información filtrada.

La propuesta aparece menos de un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara en octubre de 2024 los acuerdos de comercio y pesca con Marruecos por aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. En aquella sentencia, el tribunal estableció que el territorio es “separado y distinto” de Marruecos, por lo que cualquier acuerdo requeriría la participación explícita del pueblo saharaui como parte legítima.

Sin embargo, la Comisión plantea ahora un nuevo marco legal basado en el concepto de «consentimiento presunto», que incluiría mecanismos de supervisión para asegurar que, en teoría, la población saharaui se beneficie de las actividades comerciales. Esta interpretación ha sido duramente criticada por juristas y organizaciones internacionales, que alertan de que se trata de una estrategia para eludir el fallo judicial y evitar negociar directamente con el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como representante legítimo del pueblo saharaui.

“Para el pueblo saharaui, esto no es un simple asunto comercial; es la legalización de una ocupación que nos ha negado nuestros derechos básicos durante décadas”, afirmó Mohamed Ngauiguiz, activista saharaui recientemente liberado tras pasar tres meses detenido por protestar contra la ocupación.

Desde el Sáhara Occidental ocupado, activistas y periodistas denuncian que los beneficios económicos de estos acuerdos no revierten en la población local, sino que consolidan el control marroquí mediante ingresos derivados del saqueo de recursos naturales como fosfatos y productos pesqueros. “Los recursos son nuestros, el sufrimiento es nuestro”, resumió uno de los militantes citados por Equipe Media.

La escalada represiva en la región refuerza el clima de tensión. En febrero de 2025, fuerzas de seguridad marroquíes disolvieron con violencia manifestaciones pacíficas en El Aaiún, golpearon a manifestantes y sitiaron los domicilios de conocidos defensores de los derechos humanos. Estas actuaciones han sido documentadas por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han señalado un “deterioro alarmante” de la situación en el territorio.

La organización WSRW ha reiterado que los acuerdos económicos con Marruecos que incluyan al Sáhara Occidental sin el consentimiento de los saharauis constituyen una violación del derecho internacional. Naciones Unidas mantiene desde 1965 que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y ha instado a encontrar una solución basada en el derecho a la autodeterminación.

En este contexto, Equipe Media, medio saharaui independiente que documenta la ocupación desde dentro del territorio, ha anunciado la publicación de testimonios y reportajes que ilustrarán cómo la población local vive el impacto de esta política: expulsiones, exclusión social, desempleo estructural y limitaciones a la libertad de expresión.

Este nuevo intento de acuerdo ha sido interpretado por diferentes colectivos como una prueba de que las instituciones europeas priorizan intereses económicos y políticos por encima del respeto al marco jurídico internacional. Desde Cantabria, colectivos solidarios como Cantabria por el Sáhara han recordado que el Parlamento Europeo ha recibido en múltiples ocasiones peticiones para revisar su política hacia la región, sin que se haya producido un cambio significativo.

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