La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha intentado en la presentación de las tasas e impuestos para 2026, paso previo a los presupuestos municipales, una difícil cuadratura del círculo de argumentos fiscales.
El PP se ha aferrado a un argumentario muy convencional, pura estrategia, en la que es su institución la que baja los impuestos y es el Estado el que los sube.
El discurso no resiste la lupa del detalle: resulta que el Ayuntamiento sí sube la factura del agua y alcantarillado, pero argumentalmente se escuda en que quien lo sube es la empresa, y es así por contrato, obviando la evidencia de que las cláusulas del contrato las fija la institución y las acepta la empresa.
También se entrega a la crítica al tasazo, el nombre que el PP ha querido popularizar para la adaptación de la ordenanza de residuos para que recoja el coste del servicio –básicamente, que la tasa refleje el coste es el criterio general de una tasa, pero en este caso se ha ido posponiendo-. Y, del mismo modo, ha obviado que el detalle de este cambio le corresponde al Consistorio, que, en su caso, optó por no introducir criterios progresivos o no penalizar las viviendas vacías.

De paso, el equipo de Gobierno del PP suelta un bulo con la naturalidad como el que dice un verso mil veces repetido: el de las 94 subidas de impuestos, que procede de un informe del Instituto Juan de Marina, un think thank de inspiración neoliberal –por tanto, antiimpuestos- que incluye, por ejemplo, como subidas la adaptación al IPC o que interpreta cambios en exenciones como aumentos –las exenciones son casos particulares, los aumentos son generales–, o que incluye en la cifra subidas de autonomías –una autonomía no es el Estado.

Y, por supuesto, se obvia contar algo que sobra quien confecciona los impuestos: que del Estado le llegan notables ingresos, en 2025, por ejemplo, fueron más de 5o millones de euros.

Pese al terrible infierno fiscal (argumentario) que dibuja, en el agua, que sube porque así lo refleja el contrato con la empresa privad definido por el Ayuntamiento, no se incluyen exenciones nuevas, sino que se mantienen las que ya había.

De hecho, el propio PP presume de no actualizar el IPC en los tributos municipales –mientras que Aqualia, la empresa del agua, sí se beneficia de la subida del IPC, ofreciendo indirectamente un nuevo argumento para la defensa de una gestión pública directa. A más, esos 2,6 millones de euros que se dejan de ingresar los vende en el lote de los 12 millones de ahorros generales, cuando en todo caso es un mantenimiento del status quo pero no es, evidentemente, una bajada de nada.

El IBI, recalcaba, se encuentra en el mínimo que le permite la Ley, y de la plusvalía señalaba que es el segundo más bajo de España.

SUBIDAS ACUMULADAS

Desde el PSOE, su portavoz, Daniel Fernández, ponía el acento en el engaño que supone vender una congelación de tasa e impuestos mientas se sube agua y basuras pudiendo no hacerse. En los dos últimos años, el agua ha subido un 13,1%.

“Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de la gente, mientras la ciudad está cada día más sucia y con más ratas. Los vecinos pagan más, pero reciben menos (…) Los santanderinos no piden milagros, piden unos servicios públicos que estén a la altura de lo que pagan (…) “No basta con cobrar más, lo mínimo es que Santander esté limpia, que se recojan los residuos con eficacia y que se controle la presencia de plagas”, aseveraba.

BLINDAJE DE BENEFICIOS

Y desde Izquierda Unida, su portavoz Keruin Martínez, incidía en que las tasas “blindan” a Aqualia, que “multiplica beneficios”, recordando que existe un procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia de más de veinte asociaciones vecinales de Santander o que no hay transparencia sobre el supuesto reequilibrio de esos ingresos extraordinarios anunciados mientras esos beneficios no se reinvierten en la mejora del servicio, abogando por la remunicipalización del servicio y por paralizar la subida.