El colectivo Derecho Subjetivo ha presentado al Ministerio de Consumo un documento de aportaciones en materia de vivienda en el que reclaman un cambio estructural en el enfoque de las políticas públicas en materia de vivienda.

El texto incluye 34 propuestas concretas que abordan desde la emergencia habitacional hasta la regulación de la vivienda vacía y turística, y pone el acento en la necesidad de consagrar el derecho subjetivo a la vivienda y en combatir la especulación inmobiliaria.

La propuesta fue entregada durante una reunión celebrada el viernes 17 de octubre en Delegación de Gobierno, a la que también acudieron representantes de otros colectivos, como la FECAV.  La cita, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contó con el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán Urbiola, junto a miembros de su gabinete.

Desde el colectivo se señala la responsabilidad de los bancos y fondos en la crisis de vivienda, así como ciertas cuestiones como “los fraudes abusivos que siguen perpetrando” al vender por lotes sin especificar precios unitarios de cada elemento de esos lotes y sin avisos fehacientes a los anteriores propietarios, de forma que impiden ejercer los derechos de tanteo y de retracto, logrando así que fondos se hagan con viviendas a precios bajos sin el conocimiento de los anteriores propietarios y clientes.

Su diagnóstico hace hincapié en la situación de emergencia habitacional y su relación con la falta de regulación, la especulación, el impacto de la vivienda turística y, en consecuencia, la necesidad de medidas de choque.

Asimismo, abogan porque las tasas, multas y otras decisiones económicas que se adopten “deberían tener carácter verdaderamente disuasorio y finalista”, además, de “siendo conscientes de lo utópico de la idea”, que el precio de la vivienda debe intervenirse vinculándolo al del SMI.

En general, desde Derecho Subjetivo se lamenta que no se entre en las causas estructurales de la crisis de vivienda y, en cambio, se apueste por una visión mercantilizada del acceso a un hogar. Señalan que se da “vueltas” al concepto de derecho a la vivienda sin reconocer explícitamente su carácter subjetivo, lo que en la práctica “vacía de contenido” las garantías de acceso.

Y exponen sus medidas, ya planteadas al hilo del anteproyecto de Ley de Vivienda presentado por el Gobierno de Cantabria, que consideran que favorece la cesión de suelo público para la gestión de vivienda por parte de empresas privadas durante 75 años, lo que consideran una forma de especulación inmobiliaria encubierta.

Entre las propuestas presentadas, destacan varias relacionadas con la emergencia habitacional, como la obligatoriedad para los ayuntamientos de elaborar protocolos propios de actuación y la creación de mecanismos de intermediación temprana, coordinados entre ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), servicios sociales municipales, y abogacía de oficio.

Además, reclaman un fondo económico suficiente para atender estas situaciones.

El documento propone declarar un mapa regional de vivienda vacía, así como aplicar sanciones de hasta 10 euros por metro cuadrado a quienes mantengan sus viviendas sin uso sin justificación. En caso de persistencia, se plantea la expropiación temporal del usufructo, gestionando el alquiler desde la administración y abonando el importe al propietario sin bonificaciones fiscales.

También se plantea la creación de un registro de grandes tenedores con capacidad de inspección y cruce de datos para controlar las operaciones de compraventa y el uso final de los inmuebles.

Derecho Subjetivo exige que las multas y tasas tengan un carácter disuasorio y finalista, para evitar que resulten más rentables las infracciones que su cumplimiento.

Uno de los puntos más destacados del documento es la denuncia contra prácticas de bancos y fondos de inversión, a quienes acusan de vulnerar los derechos de tanteo y retracto de anteriores propietarios al vender viviendas por lotes sin información ni notificación fehaciente, lo que impide recuperar sus inmuebles a quienes fueron desahuciados.

Proponen, entre otras medidas, que los bancos ofrezcan a las personas desahuciadas la opción de alquiler social antes de cualquier operación de venta, y que las entidades conserven la documentación de los procesos hipotecarios durante al menos 15 años.

El colectivo propone prohibir nuevas licencias de vivienda turística en comunidades de vecinos, al considerar que no cumplen una función social y fomentan la expulsión de la población residente. Solicitan incluso la revocación de las licencias existentes por considerarlas “un fraude”.

Rechazan que este tipo de vivienda se regule desde los departamentos de Turismo, como sucede en la actualidad, y exigen que se aborde desde la Consejería de Vivienda, al ser una cuestión que afecta al derecho a un hogar y al urbanismo local.

También cuestionan el impulso a modelos como el coliving o el cohousing, que consideran distracciones frente a la emergencia real: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población.

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