Las asociaciones de apoyo al Sáhara denuncian que las medidas de la ONU siguen sin avanzar en el referéndum pendiente para que el pueblo saharaui logre su autodeterminación
.La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) ha denunciado que la reciente adopción de la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, que prorroga el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), perpetúa la situación de bloqueo sin cumplir su cometido principal: la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui en virtud del cual este pueblo consiga su independencia respecto a Marruecos. La del Sáhara es una situación inusual en el colonialismo: pasó de depender de España a hacerlo de Marruecos en lugar de acabar como nación independiente, y todo a costa de graves penalidades para su población, que vive o en campamentos en el desierto o sufriendo la represión de Marruecos en los territorios ocupados.
En un comunicado difundido tras la decisión del Consejo, la organización, de la que forma parte Cantabria por el Sáhara, califica la prórroga como una “traición al derecho internacional” y al proceso de descolonización aún sin concluir en el Sáhara Occidental.
CEAS-Sáhara subraya que esta renovación anual del mandato no puede considerarse un trámite burocrático, sino que debería ser una reafirmación del compromiso internacional con una solución democrática que permita al pueblo saharaui decidir su futuro.
El Frente Polisario rechaza el giro de la ONU
El Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui reconocido por Naciones Unidas, ha expresado su rechazo a varios elementos del texto aprobado el 31 de octubre. En un comunicado oficial, la organización advirtió que la resolución introduce “una desviación muy peligrosa y sin precedentes” respecto a la base jurídica del conflicto, al alejarse del principio de autodeterminación como eje central del proceso.
Además, el movimiento saharaui ha reiterado que no participará en ningún proceso político ni negociación que se base en “propuestas que pretendan legitimar la ocupación militar ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”. En sus palabras, se trata de un intento de “desmantelar el marco legal internacional” que reconoce el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro político.
La dirección del Frente Polisario ha recalcado que no renunciará a su derecho inalienable, innegociable e imprescriptible a la autodeterminación y la independencia, y ha instado al Consejo de Seguridad a actuar en línea con las resoluciones fundacionales de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
España, señalada como potencia administradora
CEAS-Sáhara exige que el Gobierno de España asuma sus responsabilidades como potencia administradora del territorio y actúe en coherencia con el Derecho Internacional. Según la Coordinadora, esto implica apoyar activamente la celebración de un referéndum libre, justo y transparente, tal y como prevé el mandato original de la MINURSO desde su creación en 1991.
La organización recuerda que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui es inalienable e imprescriptible, y que su incumplimiento contribuye a mantener una situación de impunidad en los Territorios Ocupados. Además, denuncia que la comunidad internacional está siendo “cómplice de la impunidad de Marruecos” al no ejercer presión efectiva para desbloquear el proceso.
El papel de la MINURSO en entredicho
CEAS-Sáhara insta a que la MINURSO cumpla de forma íntegra su mandato, no solo prorrogando su presencia en el territorio, sino también supervisando el cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y garantizando la consulta al pueblo saharaui. A su juicio, la paz y la estabilidad en la región no serán posibles sin una solución justa basada en el respeto al derecho internacional.
Desde su fundación, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) ha sido objeto de críticas por su falta de avances en la organización del referéndum que dio origen a su mandato. Aunque mantiene observadores en la zona, carece de competencias en materia de derechos humanos, una de las principales demandas del movimiento de solidaridad con el Sáhara.
La Coordinadora concluye el comunicado con una reafirmación de su compromiso de continuar presionando a las instituciones españolas e internacionales hasta que se cumplan las resoluciones de la ONU.
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