Según el escrito de calificación fiscal, los dos acusados, que en la época de los hechos eran pareja, mantenían una estrecha relación de amistad con la abuela del menor, por lo que comenzaron a frecuentar la compañía de este, que contaba con catorce años. Detalla el escrito que “comenzaron a realizarle tocamientos con ánimo libidinoso” y “cada uno de ellos por separado”.

Explica que inicialmente las conductas consistieron en “tocamientos mutuos entre el menor y los adultos en sus genitales, masturbándose los adultos en su presencia hasta que eyaculaban”, y posteriormente, “en penetraciones anales del menor a los dos procesados, así como felaciones de los procesados hacia el menor”.

Los hechos se produjeron, “siempre a iniciativa del adulto”, cuando cada uno estaba a solas con el menor, bien en el domicilio en el que la pareja vivía, bien en el domicilio del menor o incluso en la calle. Añade la fiscalía que el menor presenta una “lesión psicológica compatible con los hechos sufridos”, así como “daño social concordante con la situación vivida y que le ha afectado a su capital social”.

La pena solicitada por el ministerio público para cada acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual asciende a doce años de prisión, trece años de alejamiento y prohibición de comunicar, ocho de libertad vigilada tras la salida de la cárcel y diecisiete de inhabilitación para desempeño con menores. En concepto de responsabilidad civil, entiende la fiscalía que cada uno debe indemnizar al menor en 15.000 euros.

Ejerce la acusación particular el Gobierno de Cantabria, dado que fue el ICASS quien interpuso la denuncia por estos hechos tras asumir su tutela, y se suma a las penas e indemnizaciones solicitadas por el ministerio fiscal.