Durante más de tres meses, la familia Saaoudini, originaria del Sáhara Occidental, ha permanecido atrapada en un proceso de duelo sin cierre, incapaz de repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en Tenerife para darle sepultura en su tierra natal. La familia acusa a las autoridades marroquíes de ocupación de imponer bloqueos deliberados con motivaciones políticas, al considerarles una familia «separatista», informa EQUIPE MEDIA.

El fallecido, cuyo nombre no ha sido difundido, murió en las Islas Canarias tras una enfermedad. Según su hermano, Ali Saaoudini, ex preso político saharaui exiliado, los trámites con las autoridades españolas se resolvieron tras un proceso administrativo largo, pero fue el Consulado de Marruecos en las Islas Canarias el que impuso nuevas barreras cuando todo estaba listo para el traslado del cuerpo.

Saaoudini hizo público el caso el 17 de diciembre a través de sus redes sociales, denunciando que el retraso fue intencionado y vinculado a su propio activismo político. “El pretexto fue que el fallecido llevaba el apellido Saadouni y era hermano del ex preso político saharaui Saadouni Ali. Según su visión chovinista, la familia fue considerada separatista”, escribió en una publicación en Facebook.

En su testimonio, el activista denuncia que el consulado marroquí actuó “de forma provocadora y vengativa” y, cuando todo el expediente administrativo estaba ya cerrado, inició “una campaña de venganza” que dejó el cuerpo del difunto en un limbo burocrático, a la espera de una autorización final que nunca llegó.

El caso de la familia Saaoudini evidencia cómo estas tensiones afectan incluso a los momentos más íntimos y dolorosos. “El dolor por su pérdida es inmenso”, expresa Saaoudini en su publicación. “Pero que su regreso a casa sea utilizado como una herramienta de castigo es una crueldad insoportable”.

REPRESIÓN DE DERECHOS Y EXPOLIO DE RECURSOS

El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas, cuya soberanía reclama Marruecos, que lo ocupa desde 1975, y el Frente Polisario, reconocido como representante legítimo del pueblo saharaui, mientras España, de quien fue colonia, se desentiende y estrecha lazos con el ocupante. La situación genera frecuentes tensiones políticas, especialmente para las personas activistas o familiares de presos y exiliados.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones la utilización de represalias administrativas y jurídicas por parte de Marruecos contra la disidencia saharaui, que sufre cárcel, falsos juicios y persecución por cuestiones tan básicas como organizar manifestaciones o contar al mundo su situación. En muchos casos, estas represalias se traducen en dificultades para obtener documentos, restricciones de movilidad o presiones familiares.

Mientras, la explotación económica del territorio saharaui sigue siendo objeto de denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil. El informe Certified Occupation, elaborado por Western Sahara Resource Watch (WSRW), advierte sobre el papel que juegan los sellos internacionales de sostenibilidad en la normalización de la ocupación.

Según el informe, los sistemas de certificación permiten que productos agrícolas y pesqueros procedentes del Sáhara Occidental ocupado lleguen a los mercados europeos etiquetados como si fueran de origen marroquí. Esta práctica, que vulnera el derecho internacional y oculta el origen real de los productos como pescado o verdura, se lleva a cabo sin el consentimiento del pueblo saharaui y contradice sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establecen que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos.

La investigación de WSRW subraya que no se trata de un error aislado, sino de un mecanismo estructural en el que las entidades certificadoras aplican marcos legales marroquíes y reproducen información geográfica falsa, facilitando una integración económica de la ocupación en el mercado europeo bajo una apariencia de legalidad.

El problema adquiere mayor relevancia en el contexto actual, donde las instituciones de la Unión Europea están promoviendo vías administrativas que permiten seguir aplicando acuerdos comerciales con Marruecos también en el Sáhara Occidental, a pesar de las resoluciones judiciales en contra. En lugar de garantizar su cumplimiento, se están impulsando mecanismos para neutralizar sus efectos.

El informe denuncia que esta situación convierte a la certificación en una herramienta de blanqueamiento, al presentar como sostenibles o legales productos cuya extracción y comercialización vulnera derechos fundamentales. Estos sellos inducen a error a consumidores e importadores, y son utilizados como garantía de cumplimiento en las cadenas de suministro.

España, como potencia administradora del territorio según Naciones Unidas, tiene una responsabilidad jurídica directa sobre la situación. Permitir la entrada de productos saharauis certificados como marroquíes contribuye a legitimar la ocupación y debilita el marco legal internacional.

El informe concluye que mientras se mantenga esta estrategia de ocultamiento y legitimación, la ocupación del Sáhara Occidental continuará reproduciéndose también a través de los mercados europeos. En este escenario, la certificación deja de ser neutral y pasa a formar parte del conflicto.

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