El goteo constante de mensajes de odio contra personas de otros países o nacionalidades –o que lo parezcan, toda vez que muchas veces son nacidas aquí con algún progenitor migrante– está prendiendo hasta el punto de causar situaciones que rozan lo absurdo, pero que pueden acabar degenerando en violencia física.

Así le sucedió a una mujer que estaba haciendo algo tan habitual y frecuente en nuestras playas como tomar el sol en topless, en la playa de La Concha.

La normalidad de su estancia en la playa se vio alterada por otra persona que comenzó a insultarla y amenazarla, pidiéndole que se tapara (el topless no es ilegal y en cualquier caso los responsables de que se cumplan las normas serían la Policía) y pasando del insulto («esta está para que la meen en las tetas» -sic-) a destacar su procedencia cuando notó su acento: «Ya sabemos a lo que venís las extranjeras” (como si tomar el sol sin la parte de arriba del bañador fuera un factor asociado a la nacionalidad y no algo que hacen las mujeres en general).

La víctima, como no podía ser de otro modo, se negó a cumplir unas órdenes que quien impartía no tenía ningún tipo de legitimidad ni autoridad para dar.

La acusada amenazó con agredirla, y se marchó, pero no le pareció suficiente porque volvió poco después para insistirle en sus exigencias, y los mensajes se tiñeron de más connotaciones racistas y xenófobas que reproducen el bombardeo de mensajes en la misma línea que se viene produciendo en los últimos tiempos: «Seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler”,  le espetó, en una conclusión basada en la mera contemplación.

Y a la que siguió una amenaza directa contra su intimidad: le dio que iba  a fotografiar su cuerpo y difundir las imágenes en redes sociales. Otra obviedad: el hecho de estar en la playa de una forma en un contexto aceptado no implica que se quiera que las fotos salgan en otros contextos .

Es uno de los dos juicios por delito de odio y discriminación que se celebrarán esta semana, ambos el jueves, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

En la primera de las audiencias, la del caso de la playa, l acusada se enfrenta a un año de prisión, una multa de 2.400 euros y cuatro años de inhabilitación para ejercer en profesiones u oficios educativos, así como al pago de 500 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.

La Policía Local se personó a petición de la víctima, y en presencia de los agentes, la acusada reiteró su discurso xenófobo, aludiendo al topless y a que “todos sabemos lo que hacen los extranjeros”.

El Ministerio Público subraya que los comentarios se produjeron en un entorno público y concurrido, lo que amplificó la humillación sufrida por la víctima, atentando contra su dignidad e integridad moral. La acusación particular eleva la multa solicitada a 3.600 euros, manteniendo el resto de la petición penal.

A las 10:30 horas está prevista la segunda audiencia preliminar, correspondiente al procedimiento abreviado 73/2025. En este caso, el acusado insultó a una mujer nacida en Paraguay durante una discusión en la vía pública en Muriedas.

La fiscalía explica que, al intervenir la Guardia Civil para separar a las partes y pedir al acusado que se marchara, este se dirigió a la mujer gritándole: “Panchita de mierda, que estás mamando la teta del Estado, vete a tu puto país”, nuevamente reproduciendo los mensajes de odio habituales en redes basados en tópicos sin conocer la realidad del caso.

El Ministerio Fiscal sostiene que la intención del acusado fue claramente degradante, al dirigirse a la víctima con expresiones racistas y vejatorias. El ataque se produjo en un espacio público y con un tono elevado, lo que agravó el sentimiento de humillación sufrido por la mujer.

Además de considerar al acusado responsable de un delito de odio en concurso con otro contra la integridad moral, la fiscalía reconoce la concurrencia de una atenuante por grave adicción, ya que el hombre es politoxicómano y se encontraba bajo los efectos de sustancias que redujeron parcialmente sus capacidades.

La pena solicitada es también de un año de prisión, 2.400 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para profesiones educativas, así como 500 euros de indemnización a la víctima.

📣 Rompe el algoritmo, lucha contra el odio. Comparte esta información por redes o mensajería. No hace falta ser un medio grande para abrirse paso entre gigantes.

🤝 Podemos hablar de delitos de odio gracias a apoyos como el tuyo. Súmate a la comunidad de El Faradio y hazte socia o socio por solo 8 euros al mes en 👉 https://www.elfaradio.com/hazte-socio/

📞 Si has sufrido o presenciado un delito de odio, puedes contactar con el Servicio de Asistencia a Víctimas de Delitos de Odio del Ministerio del Interior en el 062 (Guardia Civil) o el 091 (Policía Nacional).