El pasado domingo, los vecinos de Castro que se mostraban favorable a la acogida de jóvenes migrantes –revelada públicamente a los medios por la alcaldesa socialista, pese al precedente de la campaña de odio que afloró cuando se supo en Cartes-, así como aquellos que acudieron al municipio a defender la causa de la convivencia, pudieron sentirse un poco en el mundo al revés.

Y no sólo porque la convocatoria contra el centro residencial y de formación para menores extranjeros, promovida en redes por un grupo que directamente les vincula con delincuencia y les llamaba «gentuza», acabara sumando grupos organizados de ultraderecha de todo el país que sobredimensionaron su tamaño y acabaron lanzando los lemas habituales de las protestas ultra (gritos contra el islam, insultos contra Pedro Sánchez…) y hasta proclamas abiertamente neonazis al calor de la convocatoria inicial sin haber hecho el esfuerzo de organizarla. Sino porque encima vieron que la Guardia Civil se dirigía a ellos asegurando no conocer unas comunicaciones que habían presentado –conocedores como son de las normas habituales de protesta y manifestación, al ser veteranos activistas en distintas causas en torno a los derechos humanos–, e incluso se les identificó –el paso previo a las sanciones–  y se les llegó a amenazar con cargas.  «Como siempre, se coaccionó con amenazas a los antiracistas mientras se protegió y dejó hacer a los fascistas», resume Las Calles Contra el Fascismo.

Castro por la Igualdad, convocante de la protesta a favor de la acogida, tiene convocada una nueva concentración este sábado a las 12.00 horas en el Parque Amestoy, desde donde partirá una movilización que recorrerá el municipio hasta el Ayuntamiento, donde está prevista la lectura de un comunicado.

Castro por la Igualdad convoca este sábado una marcha contra el racismo y a favor de la acogida a los jóvenes migrantes

Desde Vigilia Castro Urdiales, movimiento con el que está estrechamente relacionado, promotor de las acciones de denuncia contra el genocidio que sufre el pueblo de Gaza, reveleban este jueves que Delegación de Gobierno se había disculpado expresamente por el problema con la convocatoria y garantizaba que no habría sanciones.  Según ese comunicado, la institución trasladó disculpas al convocante y explicó que la comunicación de la concentración no fue revisada hasta la mañana del lunes 2 de marzo, es decir, al día siguiente.

Todos insisten en algo obvio que ahora queda confirmado:  la convocatoria había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno en Cantabria conforme a la normativa sobre derecho de reunión (las manifestaciones o concentraciones se comunican, no se pide permiso para ellas). De hecho detallaban y probaban documentalmente que presentaron la comunicación oficial el 28 de febrero a las 0:43 horas, dentro del registro de la administración, sin que eso bastara a unos agentes que «no atendieron a razones».

«El gran despliegue de la Guardia Civil se centró, como siempre, en los antiracistas mientras a pocos metros se dejaba hacer y daba protección (totalmente innecesaria) a los fascistas cuyos mensajes de odio y proclamas son contrarias a la ley que la Guardia Civil debe vigilar que se cumpla (artículo 510 del Código Penal, y artículos 37 y 38 de la Ley de Memoria Ciudadana)», lamenta Las Calles contra el Fascismo, que ve estas disculpas «inútiles», «como si eso arreglara el atropello cometido».

Y recuerdan: «La Delegación de Gobierno, como mando directo de las Fuerzas del Estado es quien debe vigilar que estos cumplan su deber, y no lo están haciendo ni la Delegación ni las Fuerzas del Estado, por lo que los ciudadanos nos vemos completamente desprotegidos ante el incumplimiento del Estado de su parte en el contrato social».

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