Las organizaciones Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo han instado a la Delegación del Gobierno en Cantabria a prohibir la concentración convocada para este jueves bajo el lema ‘Menas fuera de Cantabria’. Menas se corresponde con las siglas administrativas de Menores Extranjeros No Acompañados y es como los grupos que rechazan a los jóvenes migrantes y las campañas orquestadas en redes sociales llaman a este colectivo, contribuyendo a su deshumanización.

Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo instan a la Delegación del Gobierno a prohibir la concentración promovida por Vox el jueves 12 de marzo con el lema ‘Menas fuera de Cantabria’ por constituir un evidente delito de incitación al odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal. La convocatoria parte desde cuentas de Instagram ligadas a Castro Urdiales: una de ellas llamó «gentuza» a estos menores, la otra difundió en sus redes sociales fotos del centro que acogerá a jóvenes migrantes. Previamente a la concentración, minutos antes, Vox ha convocado a los medios unas declaraciones de una de sus dirigentes nacionales, que permite sincronizar mensajes sin que parezca que convocan directamente.

Las organizaciones Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo instan también a la Fiscalía a investigar no solo los contenidos de la convocatoria, sino también el conjunto de declaraciones proferidas por representantes de Vox calumniando a las niñas y niños migrantes bajo protección de las administraciones públicas.

Entre ellas destacan las realizadas por Samuel Vázquez, responsable nacional de Seguridad de Vox, el pasado 12 de febrero en Cartes, en las inmediaciones de la casa donde viven tutelados varios niños migrantes. En dichas declaraciones, el responsable de Vox aseguró que de los centros de acogida donde viven los niños migrantes “ninguno ha dejado de dar problemas”; no cualquier problema, sino “homicidios, machetes, agresiones sexuales”. La asociación generalizada entre menores extranjeros y delincuencia es uno de los mensajes repetidos en la campaña contra este colectivo, que caló hasta en el Ayuntamiento de Cartes: su alcaldesa, todavía en las filas del PSOE, aseguró que no tenía policía suficiente para atenderles, cuando mostró su rechazo, en palabras y actos administrativos, a su llegada.

Estas afirmaciones, según señalan las organizaciones, contradicen todos los informes anuales de las fiscalías y las estadísticas del Ministerio del Interior, y no citan ninguna fuente solvente, salvo las propias apariciones públicas del dirigente en las inmediaciones de estos centros.

Los colectivos consideran evidente que la ultraderecha reacciona de manera agresiva y racista ante la respuesta en favor de la acogida que se está dando en Cantabria. Sus señalamientos a las casas de acogida en Cartes y en Castro-Urdiales, indican, han sido respondidos con una “ejemplar y masiva respuesta ciudadana” en las calles, mientras que lo que califican como mentiras y calumnias racistas han sido denunciadas y combatidas con cada vez más fuerza.

No obstante, las organizaciones entienden que esta escalada de insultos racistas debe ser frenada judicial e institucionalmente por su gravedad. A su juicio, se está criminalizando y amenazando a grupos de niños y niñas vulnerables que se encuentran tutelados y, por tanto, protegidos.

Sostienen que lemas como ‘Menas fuera de Cantabria’, así como declaraciones como las de Samuel Vázquez, promueven un delito de odio directamente penado en el artículo 510 del Código Penal, que establece en su primer párrafo:

Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.

Las organizaciones sostienen que las calumnias y amenazas, así como las convocatorias públicas en las que se proclaman, deben ser denunciadas y perseguidas, ya que consideran que “está en juego la convivencia y la dignidad”.

Asimismo, consideran “imperativo” exigir al Partido Popular (PP) el cese de lo que califican como criminalización de las personas migrantes mediante la reproducción del discurso de Vox, introduciendo asociaciones falsas entre migración y delincuencia y oponiéndose, con “bulos y mentiras”, a la acogida regulada de niños y niñas migrantes procedentes de territorios como Ceuta y Canarias.

Las organizaciones recuerdan además lo expresado durante la manifestación celebrada el pasado 7 de marzo en Castro-Urdiales a favor de la acogida: “¿Qué te da más seguridad: que existan leyes que protejan a todas las infancias o que decidan quienes solo disparan odio?”.

En este sentido, defienden que la protección de los derechos de la infancia y la capacidad de ofrecer cobijo y oportunidades a menores vulnerables contribuye a generar mayor seguridad y tranquilidad social.

Finalmente, los colectivos señalan que “el odio organizado no debe actuar en una tierra de migrantes como la nuestra” y llaman a exigir la aplicación de la ley frente a quienes promueven discursos que consideran contrarios a las libertades, al tiempo que defienden la acogida de las infancias migrantes.

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