El derrumbe de la pasarela de El Bocal, que la semana pasada causó la muerte a seis jóvenes, una de las infraestructuras pendientes de retirar de la fracasada senda costera impulsada y adjudicada por Costas y solicitada, defendida y promocionada por el Ayuntamiento de Santander, ha desatado en la ciudad un insólito consenso, larvado durante los últimos años, sobre la falta de mantenimiento generalizado de sus infraestructuras, asumida por el propio Consistorio cuando ha decretado una suerte de precintado general de las obras de su responsabilidad confirmada por la propia alcaldesa.

El Ayuntamiento admite que ahora se están atendiendo las peticiones vecinales y vallando las instalaciones sobre las que se avisa

Según ha ido arreciando la polémica –que ha incluido insultos en los campos de sport de El Sardinero–, el PP en el equipo de Gobierno ha ido desplegando su plan de control de daños, que pasa por centrar la responsabilidad exclusivamente en Costas, y diluir la municipal hasta dejarla en el protagonismo personal de la persona de la Policía Local que gestionó la llamada de aviso del 112.

Esta teoría obvia las quejas policiales durante más de una década sobre su falta de medios, protocolos y los problemas de la centralita, y también invisibiliza el papel del Ayuntamiento en la reivindicación e incluso apropiación política de la senda costera (tanto de su puesta en marcha como de su paralización), la falta de atención a los avisos vecinales en órganos de participación municipales denunciada por el PSOE y relatada por eldiario.es, la difusión del recorrido en espacios municipales y turísticos o la falta de reivindicación sobre su estado ante Costas que contrasta con sus quejas reiteradas por las escolleras de La Magdalena –-una obra que benefició los intereses particulares de la familia Botín--, el Rema, La Horadada o los bajos del Rhin.

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

Los espigones, La Horadada o el Rema centraron el pulso entre el Ayuntamiento y Costas mientras la senda costera quedaba fuera de agenda

LA PARTE JUDICIAL

Dentro de esa plan de control de daños se presentó como una de las medidas para que «no volviera a pasar» la elaboración de un mapa que dejara claro qué parte de la ciudad gestiona cada institución –ya no se menciona en público esto– y se anunció un órgano de coordinación municipal para centralizar documentación que tenía sentido a la hora de gestionar sólo la del propio Ayuntamiento, ya que en realidad es un trabajo que está haciendo el Juzgado que ha asumido la instrucción.

Por ahí, por lo judicial, es por donde iba otro de los puntos del modo control de daños: el Ayuntamiento anunció que se personaría en la causa judicial. Personarse significa ser parte, algo que según avanza el proceso, aún incipientísimo, puede sustanciarse en ser acusación –por ser las principales perjudicadas, las víctimas y sus familias– o como responsable –algo que también tendrá que dirimirse–.

Es una táctica habitual en el manual del PP santanderino ya que, aunque prenda la sensación de que es uno más de los perjudicados, permite el acceso a toda la documentación e información que se genere en el proceso más allá de la que tenga localizada el Ayuntamiento. Es la estrategia que ya desplegó en el Cabildo de Arriba, cuando se produjo el derrumbe de un edificio en la Cuesta del Hospital, causando la muerte a tres personas. La personación inicial del Consistorio le permitió estar informado de la causa, pero no se concretó en una acusación particular u otra fórmula posterior, en la que se quedaron solas las familias de las víctimas.

El momento de personarse o ser parte en la causa, que ofrece el Juzgado a todos los que tengan que ver, es ahora. Y ante la petición del Ayuntamiento anunciada, este órgano ha precisado que lo hace “en su condición de posible responsable civil”, tal y como avanza esta jueves la agencia de noticias Europa Press. Es decir, el Consistorio no es un afectado más, sino un «posible» responsable civil, esto es, alguien a quien le puede corresponder indemnizar a las víctimas si al final del proceso, que será largo y al que le quedan muchas fases, así lo acaba dictaminando la Justicia.

En detalle, en el procedimiento ya se han personado tres de las siete familias afectadas, todas ellas como perjudicadas. Además, está investigada una agente de la Policía Local de Santander por la gestión de un aviso previo trasladado por el Servicio de Emergencias 112, después de que un vecino alertara del mal estado de la estructura. La agente deberá declarar el 27 de marzo. Ese mismo día también comparecerá la operadora del 112 que recibió la llamada, acompañada de abogado por si su situación procesal pudiera cambiar, como avanzaba este jueves El Diario Montañés.

Paralelamente, el juzgado ha solicitado documentación al Ayuntamiento, al 112 y a la Demarcación de Costas sobre el proyecto, conservación y mantenimiento de la senda costera donde se encontraba la pasarela. Además, ha ordenado mantener el precinto de la instalación y evitar cualquier manipulación mientras continúe la investigación.

El PSOE de Santander: «No hay vallas suficientes para tapar el abandono de Santander»

Por otra parte, el PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha criticado la gestión municipal tras el suceso. Su portavoz, Daniel Fernández, sostiene que el cierre esta semana de algunos espacios “por prudencia”, admitido por la alcaldesa, evidencia años de deterioro y falta de mantenimiento en la ciudad.

“Si cada vez que un vecino alerta de algo en mal estado hubiera que cerrar un espacio público, habría que cerrar media ciudad”, ha afirmado. Además, ha advertido de que “no hay vallas suficientes para tapar el abandono de Santander” y ha reclamado un plan de revisión y mantenimiento de las infraestructuras públicas.

El PP acusa a Casares de “mentir” por su viaje a México

En paralelo, el Partido Popular de Cantabria ha  acusado al delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, de “mentir” sobre su viaje a México, donde se encontraba el líder socialista para la exhumación de los restos de la histórica diputada socialista Matilde de la Torre, de cara a su entierro en su Cabezón de la Sal natal donde no pudo ser.

Su portavoz en el Parlamento, Juan José Alonso, ha cuestionado  las explicaciones ofrecidas por el dirigente socialista sobre su imposibilidad para adelantar el regreso del viaje de «vacaciones», donde le cogió el accidente, al no haber conexiones aéreas. Alonso ha detallado que entre los días 3 y 6 de marzo hubo 16 vuelos entre México y España con plazas disponibles, sin contar con las conexiones internacionales que se podían hacer a través de otras capitales europeas como Londres, Lisboa o París.

Ante estas declaraciones, el PSOE de Cantabria ha respondido que “lo único miserable” es la actitud del Partido Popular, al que acusa de “salir a la desesperada al rescate de la alcaldesa de Santander, Gema Igual”. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, HA efendido que en el operativo de rescate tras la tragedia no era necesaria la presencia de responsables políticos, ya que las decisiones corresponden a los equipos técnicos y de emergencias.

En relación con el viaje a México, la dirigente socialista ha señalado que el delegado del Gobierno se encontraba en un viaje de trabajo y que los gastos del desplazamiento fueron asumidos por cada una de las personas que participaron.

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