Durante ese mismo año, los órganos judiciales practicaron 191 lanzamientos, frente a 257 del año anterior, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) .–en el que se produjeron apenas una decena de demandas por ocupación, sin que el trato mediático y político fuera proporcional a la realidad de los datos–.

La comparación entre ambas cifras sitúa la capacidad de respuesta en torno al 4,7%. Es decir, por cada 100 lanzamientos practicados en Cantabria a lo largo de 2025, el sistema público autonómico adjudicó menos de cinco viviendas vinculadas a situaciones de desahucio.

El desglose ofrecido por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura precisa que, de esas nueve adjudicaciones, cuatro correspondieron a viviendas alquiladas en Gesvican dentro del programa 2 a familias procedentes de desahucio. A ellas se suma una adjudicación directa realizada por la propia Dirección General de Vivienda y otras cuatro viviendas de Gesvican firmadas a través de expedientes de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional.

Y no es porque no haya viviendas suficientes: el mismo documento oficial fija en 240 viviendas el parque destinado a emergencia habitacional en Cantabria. De ese total, 163 corresponden a Gesvican y 77 al propio Gobierno de Cantabria. Esa es, en términos administrativos, la dimensión del parque disponible para atender situaciones de vulnerabilidad residencial.

De hecho, el Ejecutivo prevé ampliar el parque de vivienda social mediante el incremento del parque público y la optimización del ya existente, aunque vincula parte de ese desarrollo a la futura Ley de Vivienda autonómica, todavía en tramitación parlamentaria en la fecha de la respuesta.

La estructura pública encargada de esta atención también aparece cuantificada. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura señala que la atención a las emergencias habitacionales se realiza con tres técnicos de grado medio con titulación en Trabajo Social, mientras que en la Ofina de Intermediación presta servicio una trabajadora social encargada de la atención y orientación a personas en situación de vulnerabilidad residencial. Ese personal cuenta con la formación propia de su titulación y con experiencia profesional en servicios sociales e intervención social vinculada a la vivienda.

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