España atraviesa uno de los momentos más positivos de su mercado laboral en décadas. La evolución del empleo, la reducción del paro y el dinamismo económico sitúan a nuestro país en mejor posición que otras economías europeas, hoy claramente desaceleradas. No es una percepción, es una realidad: España crece y crea empleo con mayor intensidad.
Y precisamente por eso, porque el contexto es favorable, es ahora cuando deben abordarse las reformas pendientes. No en

tiempos de crisis, sino cuando existe margen para actuar con ambición. En este sentido, la exigencia de UGT de encarecer el despido y limitar el empleo a tiempo parcial no solo es oportuna, sino necesaria.

Porque hay un principio que no conviene olvidar: la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Este Gobierno debe seguir avanzando en esa dirección, reforzando el papel de los derechos laborales en la legislación. No se trata de una concesión, sino de reconocer a quienes sostienen con su trabajo la actual bonanza económica.

El abaratamiento del despido ha generado un desequilibrio evidente. Ha facilitado una cultura empresarial donde despedir resulta demasiado sencillo, incluso más rentable que invertir en estabilidad. Encarecer el despido no es una medida ideológica, sino una forma de introducir responsabilidad y de evitar que la precariedad siga siendo la espada de Damocles sobre millones de trabajadores. Garantizar estabilidad laboral es también garantizar proyectos de vida.

A ello se suma el problema del empleo a tiempo parcial. España arrastra una parcialidad no deseada que afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Bajo la apariencia de flexibilidad se esconde, en muchos casos, una fragmentación del empleo que impide construir trayectorias laborales dignas. La dispersión de modalidades de contratación no ha aportado orden, sino confusión, dificultando un modelo coherente de relaciones laborales.

Por eso, limitar por ley el uso del contrato a tiempo parcial, cuando responde a necesidades estructurales, es de sentido común. No podemos seguir ofreciendo a las empresas una «oferta a la carta» basada en fórmulas que debilitan la estabilidad del empleo. Más aún cuando la tercerización de la economía es un hecho: si el empleo se concentra en los servicios, es ahí donde debemos garantizar condiciones dignas y estables.

Avanzar en esta línea es también avanzar en democracia económica. España progresará más si su legislación laboral representa de forma real a quienes trabajan. Sin embargo, el riesgo de no actuar es evidente: consolidar una precariedad estructural que afecta especialmente a los jóvenes. Sin empleo digno no hay proyecto vital ni cohesión social. O hay trabajo con derechos o estaremos perpetuando un mercado laboral injusto.

La laxitud en el despido y el abuso de la contratación parcial no solo condicionan el presente, sino que niegan un futuro digno para millones de personas. Dificultan su estabilidad y debilitan nuestro modelo social.

En este contexto, resulta preocupante la actitud de la patronal CEOE-CEPYME. Su negativa a participar en los encuentros promovidos por el Ministerio de Trabajo refleja un inmovilismo que ya hemos visto en debates recientes, como el de la reducción de la jornada laboral. El diálogo social no puede ser selectivo.

España necesita una patronal a la altura, pero también un Gobierno decidido a actuar cuando el acuerdo no llega. Porque no basta con crear empleo: hay que garantizar que sea digno, estable y suficiente. Ese es el verdadero reto.