Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, junto a la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macroeólicas Sur de Cantabria, han convocado para este domingo 19 de abril una nueva marcha hacia la Braña de San Martín (Molledo), en respuesta a la situación administrativa del polígono eólico El Escudo, cuyas autorizaciones se encuentran actualmente sin ejecutividad. La salida tendrá lugar a las 11:00 horas desde la estación de Renfe de Bárcena de Pie de Concha, bajo el lema ‘No al sacrificio de Iguña y Campoo-Los Valles’. La marcha recorrerá parte de las zonas afectadas por el polígono eólico El Escudo, consideradas por los colectivos como “zonas de sacrificio”, para señalar el impacto del PROT eólico y servir también como un momento en el que celebrar la paralización de las obras.

Paralización y situación administrativa del proyecto eólico de El Escudo

La convocatoria se produce tras la paralización de las obras a finales de marzo, después de la intervención de la Guardia Civil y en un contexto de recursos administrativos impulsados por colectivos vecinales y ecologistas, en relación con los recursos de alzada presentados contra el polígono eólico promovido por Biocantaber e Iberdrola. Según un documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las autorizaciones del polígono eólico El Escudo han quedado afectadas en su ejecutividad en el marco de dichos recursos, lo que incide sobre el conjunto de permisos administrativos del proyecto, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).

Los colectivos señalan la implicación de las empresas promotoras del proyecto, así como de otros actores vinculados a este tipo de desarrollos, y apuntan a la participación del Banco Santander y de grandes fondos de inversión internacionales, como BlackRock. Además de referirse a “complicidad” en la emisión de informes y autorizaciones por parte de administraciones públicas — autonómicas y estatales, actuales y anteriores—, y extienden esta crítica a la participación de entidades como la Universidad de Cantabria, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo, en el proceso. Además, en una reciente nota de prensa los Colectivos Vecinales señalaban al presunto cabecilla del caso ‘Forestalia’, Eugenio Domínguez, ex Subdirector General de Evaluación Ambiental, pues aparece en varios documentos relacionados con el Polígono Eólico El Escudo.

Restauración de los daños ambientales ocasionados

Este proyecto comenzó a ejecutarse en el verano de 2024 en un contexto de oposición y denuncias por parte de habitantes de las zonas afectadas y distintos colectivos. Pese a las advertencias, los colectivos señalan que el proyecto continuó su ejecución en un escenario en el que varias

autorizaciones se encontraban recurridas y con procedimientos judiciales aún pendientes, sin atender, a su juicio, al “severo impacto medioambiental” generado en la Sierra del Escudo, un entorno integrado en la Red Natura 2000, considerado de incalculable valor ecológico e hidrológico y uno de los parajes naturales más emblemáticos de Cantabria. A raíz de la paralización de las obras, califican la situación como una “victoria agridulce” y exigen que “sean Iberdrola y Biocantaber quienes asuman la responsabilidad de la restauración de los daños ambientales ocasionados”.

Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y su impacto territorial

Los colectivos señalan que la tramitación del proyecto ha estado marcada por “irregularidades e ilegalidades”. En este sentido, consideran que la “crónica de un ecocidio anunciado en la Sierra del Escudo” se ha ido “blanqueando o justificando” a través de distintos mecanismos administrativos, como la modificación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en 2023. Según explican, ya entonces advirtieron de los riesgos de una reforma que, a su juicio, apartaba a los colegios profesionales de este órgano, sustituyendo los informes técnicos independientes por decisiones de carácter más político.

La propuesta del PROT llega en 2026 en línea con la planificación del Gobierno regional y las empresas vinculadas al proyecto y, a su juicio, evidencia una línea de ordenación territorial en la que comarcas como Campoo-Los Valles o áreas de Soba concentran estos desarrollos, convirtiéndose en “zonas a expoliar”, con afecciones a espacios de alto valor ecológico como el entorno de Alsa en Aguayo-Bárcena o el Monte Canales.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian que el nuevo PROT “supone un arma de doble filo y dibuja el futuro de una Cantabria ahogada en su zona norte, central y oriental por la presión turística y un sur expoliado para convertirse en una macroplanta de polígonos industriales eólicos”. La aprobación del nuevo PROT no ha estado exenta de polémica: tres colegios profesionales rechazaron participar en la votación interna para su aprobación inicial “ante la imposibilidad material de estudiarlo” en el plazo dado, tras una convocatoria realizada en vísperas del puente de Semana Santa y en paralelo a las comparecencias presupuestarias en el Parlamento. En este contexto, el Consejero Roberto Media aseguró que el PROT se aprobará “con o sin los colegios profesionales”. Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macro-eólicas Sur de Cantabria consideran que la redacción del PROT y su proceso de aprobación reflejan un modelo de planificación territorial que, según denuncian, “anula la capacidad de decisión de los territorios y favorece una distribución desigual de los impactos”. Todo ello, según los colectivos, en favor de un modelo de gobernanza cada vez más centralizado, que dibuja una Cantabria fragmentada en función de intereses económicos de grandes empresas y deja, en sus palabras, “un mundo rural reducido al escaparatismo”: paisaje en unas zonas y “ecocidios” en otras.