La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha registrado un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Santander al considerar que no cumple con su objetivo de proteger la salud pública y que carece de transparencia y base técnica suficiente. La acción judicial se acompaña de un informe pericial que cuestiona el diseño y la aplicación de esta medida.

Según detalla el colectivo, la principal crítica se centra en la falta de acceso a datos clave. En este sentido, denuncian que el Ayuntamiento no ha hecho públicos los registros de tráfico, contaminación y ruido obtenidos por las diez estaciones de medición y cerca de cuarenta sonómetros instalados en la ciudad, pese a que su implantación supuso una inversión superior a 1,8 millones de euros.

Además, la Asamblea subraya que esta información ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por vías oficiales de transparencia, sin que haya sido facilitada. A su juicio, estos datos son “esenciales” para evaluar la calidad del aire y el impacto acústico, así como para diseñar políticas públicas eficaces.

Por otra parte, el recurso cuestiona la delimitación de la actual ZBE. Según el colectivo, la zona elegida —El Ensanche— presenta un nivel de tráfico reducido al estar parcialmente peatonalizada, lo que, a su entender, limita el impacto real de la medida. Esta área representa aproximadamente el 0,6% de la superficie del municipio y concentra en torno al 3,4% de la población.

En este sentido, la Asamblea sostiene que quedan fuera de la ZBE zonas con mayor carga contaminante. Apuntan que Santander registra niveles elevados de contaminación asociados al tráfico rodado, que en 2024 alcanzó más de 144.000 vehículos diarios en los tres principales accesos a la ciudad, lo que supone un incremento del 20% respecto a los dos años anteriores.

Asimismo, critican que la ordenanza no contemple áreas consideradas sensibles desde el punto de vista sanitario. Entre ellas, mencionan el entorno del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centros de salud o espacios educativos. En relación con estos últimos, citan datos de Ecologistas en Acción que indican que el 75% de los centros escolares de Santander superan los valores recomendados de dióxido de nitrógeno (NO₂) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegando incluso a detectarse concentraciones en el interior de las aulas.

La documentación aportada por la Asamblea recoge también referencias a evidencia científica sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Entre ellos, el aumento de enfermedades respiratorias como el asma, procesos inflamatorios, afecciones cardiovasculares como infartos o ictus, así como la relación con el cáncer de pulmón en personas no fumadoras. También se mencionan posibles impactos durante el embarazo.

En paralelo, el colectivo contrapone estas consideraciones con declaraciones públicas de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha afirmado en diversas ocasiones que la ciudad “no es una ciudad contaminada” y que la implantación de la ZBE responde principalmente a una obligación legal para no perder financiación. La Asamblea interpreta estas afirmaciones como una falta de reconocimiento del problema.

Además, la organización señala que la situación actual podría implicar un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de información ambiental. En su argumentación, advierte de que la ausencia de datos públicos y de medidas eficaces podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades si se confirma dicha falta de transparencia.

En cuanto a propuestas, la Asamblea plantea como referencia el caso del Ayuntamiento de Albacete, que dispone de una plataforma pública con acceso en tiempo real e histórico a los datos de calidad del aire y ruido. Consideran que este tipo de herramientas favorecen la participación ciudadana informada y la rendición de cuentas.

Finalmente, el colectivo exige la publicación inmediata de todos los datos disponibles, la revisión completa de la ZBE con criterios científicos y sanitarios, y la adopción de medidas que, según señalan, garanticen la protección de la salud pública y el medio ambiente.

En la nota, la Asamblea está integrada por diversas organizaciones sociales y ambientales, entre ellas ARCA, Ecologistas en Acción Cantabria, la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) o la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA), entre otras.

En las imágenes incluidas en el documento —como se observa en la página 3— se muestran ejemplos visuales de tráfico urbano y gráficos sobre concentración de NO₂ en entornos escolares, así como un símil gráfico que compara el aire “que queremos” con el “que respiramos”, en referencia a la percepción de la contaminación.

Palabras: 640

🔁📢 Rompe el algoritmo y mueve esta información: decide tú de qué se habla y comparte esta noticia sobre contaminación y salud en tu entorno.

🤝🌱 Podemos seguir informando sobre medio ambiente y salud pública gracias a apoyos como el tuyo. Súmate a la comunidad por 8 euros al mes: https://www.elfaradio.com/hazte-socio/