Cuando se habla de desahucios se nombra un drama que parece que en España no existió hasta el estallido de la crisis económica y financiera del año 2008. De eso han pasado ya 18 años y la fórmula para capear algo que afectó y afecta a miles de familias sigue sin aparecer. Legalmente no se ha conseguido poner un freno eficaz y definitivo al hecho de que muchas personas se puedan quedar sin su hogar, el que eligieron para desarrollar su proyecto de vida.

María lleva 15 años luchando para evitar que ella y su familia, con un hijo menor de edad, se vea en esa situación, un cambio vital lleno de dolor y desesperación, por no saber qué será de ellos el día de mañana. Pero aún le queda hasta ese rayo de optimismo como para decir que la lucha sí puede servir de algo. Ha logrado estirar su permanencia en la casa que compraron durante 15 años, como cuenta en declaraciones a EL FARADIO.

El decreto aprobado por el Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos en 2020, en plena pandemia, fue un parche que ha permitido a muchas familias declaradas vulnerables poder seguir en su vivienda. Pero, como ya declarara en su día el presidente Pedro Sánchez, la decisión final quedaba en manos de los tribunales, que no siempre atendían a la vulnerabilidad a la hora de decidir si una familia permanecía o no en su vivienda.

Ahora, María y su familia vuelven a tener una fecha en el horizonte: el 30 de abril, este jueves. Una vez que ese decreto ya no sigue vigente, por votación contraria en el Congreso al sumar los votos de PP, VOX, Junts per Catalunya y UPN el pasado mes de febrero, ahora los tribunales estiman las demandas de quienes poseen un inmueble y no quieren que sus actuales inquilinos continúen en él.

El pasado 8 de abril se produjo un desahucio en la calle Joaquín Costa de Santander. Aunque la afectada, una madre con tres hijos, uno de ellos con discapacidad, ha conseguido una casa, de manera temporal, para no quedarse en la calle, no sabe si podrá seguir llevando a sus hijos a su centro educativo, cuando queda la parte final del curso escolar, y necesita seguir buscando un hogar donde poder continuar con sus vidas.

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En el caso de María, la incertidumbre preside su situación. Quedan tres días para la fecha fatídica y aún no saben dónde podrán alojarse tras el desahucio. Y con la misma dificultad escolar de su hijo, que podría tener que cambiar de centro en pleno trimestre final del curso.

Con este caso hay que remontarse hasta una entidad financiera como Caja Cantabria, esa donde tantas familias cántabras depositaban sus ahorros y, en cierto modo, sus vidas. Tras aquella brutal crisis financiera, la entidad cayó en manos de Liberbank (al igual que otras cajas de ahorros), un banco que pasó a formar parte de Unicaja en 2021. Pero su hipoteca pasó a un fondo de nombre Desarrollos Las Peñicas, con Altamira Inmuebles como gestora, en 2017. Una manera de que pareciera que Liberbank no tenía nada que ver con la situación de María y su familia, pero ese fondo de inversión comenzó su andadura con la misma sede social que Liberbank, por lo que era, en realidad, un brazo ejecutor del propio banco.

La familia ya había pagado cerca de 60.000 euros por la casa. Sin embargo, siguen con la deuda hipotecaria y la vivienda no es suya. Aclaran que, desde el momento de la ejecución hipotecaria, allá por 2015, no han dejado de pagar ningún recibo del alquiler acordado, por lo que ahí no hay una motivación sólida para querer expulsarlos de su casa.

María también explica que los contactos con el fondo, incluido cuando apareció un representante para ofrecer la compra de la vivienda por parte de un inversor privado y el posterior alquiler en la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional, no dieron ningún resultado porque fue todo mentira y ese representante desapareció.

Añade también la queja de que la administración no ha sido capaz de cumplir con el compromiso de adquirir un paquete de viviendas entre las que se encontraba la suya y destinarlas a alquiler social. No han parado de mentirles desde aquella primera vez en la que Caja Cantabria les dijo que era requisito imprescindible pagar una cantidad para suspender la fecha de lanzamiento y renegociar la deuda (cláusula de vencimiento anticipado).

Al decaer el decreto citado, el 31 de diciembre de 2025, el fondo no tardó más que dos días en volver a activar los resortes para expulsar a las tres personas de su vivienda y poder hacer lo que quiera con la casa. El 2 de enero volvió a presentar la demanda para el lanzamiento. Había que esperar si esas medidas en favor de las familias vulnerables se renovaban en el Congreso. Al no suceder eso, ya han conseguido poner fecha.

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María se siente abandonada hace ya demasiado tiempo. Ella, al igual que muchos otros proyectos vitales, se vieron devorados por la crisis económica, en la que no pocos autónomos se vieron sin poder seguir con su actividad empresarial y la respuesta de las administraciones no ha sido capaz de aliviarles aligerando cargas inasumibles mientras podían encauzar su economía personal y familiar de otra manera.

Cuenta también que su marido afronta problemas de salud (sobremanera, la mental) que dificultan enormemente el poder desarrollar una vida digna. Sobre todo porque cuesta mucho entender que lleves una vida en la que haces lo que se supone que la sociedad espera de ti, que te comportes bajo unas normas, que trabajes, que pagues los compromisos asumidos, tus impuestos y, cuando las cosas vienen mal dadas, te veas en la necesidad, día tras día, de luchar para que no te echen de tu casa. Ha sido una persona considerada en riesgo de suicidio. Y no se trata de un caso aislado. Dramas de este tipo se han contado de todos los colores, en muchísimos municipios y Comunidades Autónomas distintas.

Por eso, cuando María oye hablar de un Gobierno progresista, incluso el más progresista de la historia, no se siente ni representada, ni escuchada, ni mucho menos satisfecha. No ve una red de apoyo que la sostenga, ni a su familia ni a muchas otras que pueden verse abocadas exactamente a lo mismo que ella.

Por el contrario, ve que las entidades financieras de vario tipo, incluidos los bancos y los fondos de inversión que ven en la vivienda una gran oportunidad de negocio, tienen todos sus derechos amparados y pueden seguir desarrollando sus actividades sin problemas, mientras que las familias vulnerables, especialmente ahora, no son tratados en igualdad de condiciones.

Todavía no renuncia a toda esperanza. Aún puede llegar alguna última respuesta por parte del juzgado o de las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Piélagos o la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, o saber si con un resorte como la Ley de Segunda Oportunidad pueden lograr lo que se les está poniendo muy difícil, algo tan simple como poder seguir viviendo en su casa. Pero el tiempo se agota.