El desarrollo urbanístico previsto para la costa norte de Santander durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 generó fricciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria debido a las advertencias sobre el impacto territorial y paisajístico que podían tener las actuaciones proyectadas en ese entorno litoral.

La controversia se produjo especialmente en torno al modelo planteado para el futuro Parque Litoral Norte y para espacios como El Bocal, donde el planeamiento incluía la previsión de un nuevo campo de golf dentro del ámbito denominado “AOP-4 Nuevo Campo de Golf de Santander”.

El PGOU de Santander aprobado en 2012 contemplaba un campo de golf en el entorno de El Bocal

El conflicto se desarrolló en paralelo a la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (POL), aprobado mediante la Ley de Cantabria 2/2004 para regular y proteger la franja costera de la comunidad autónoma.

La costa norte santanderina —con zonas como Cueto, Corbanera, La Maruca, El Bocal o Virgen del Mar— quedó incluida dentro del ámbito afectado por esa normativa autonómica, que establecía limitaciones urbanísticas y criterios de protección paisajística y ambiental.

Durante la tramitación del PGOU, distintos informes técnicos del Gobierno de Cantabria advirtieron de las consecuencias que podía tener el modelo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento sobre ese espacio litoral.

Según documentación analizada posteriormente por EL FARADIO, técnicos autonómicos alertaron de posibles “impactos severos sobre el paisaje del norte de Santander”. Las advertencias se referían al conjunto del modelo territorial previsto para la costa norte y no únicamente al proyecto del campo de golf.

Además, las discrepancias adquirieron relevancia política porque tanto el Ayuntamiento de Santander como el Gobierno de Cantabria estaban gobernados entonces por el mismo partido, el PP. Íñigo de la Serna era alcalde de Santander e Ignacio Diego presidía el Ejecutivo autonómico tras la mayoría absoluta obtenida por los populares en las elecciones de 2011. Pese a esa coincidencia política, los informes técnicos del Gobierno cántabro reflejaron reparos sobre el alcance del modelo urbanístico planteado para el litoral norte santanderino.

EL PP DE SANTANDER BUSCABA ESPACIO PARA EL CAMPO DE GOLF

Uno de los principales focos de discusión fue la reclasificación de parte de esos terrenos como suelo urbanizable dentro del PGOU de 2012. Las posteriores resoluciones judiciales sobre el plan explican que “los terrenos que el PGOU de 2012 clasifica como urbanizables, cuando eran suelos no urbanizables protegidos en 1997, se corresponden con las bolsas de suelo situadas al Norte del municipio –parque público litoral–”.

Es decir, el nuevo planeamiento modificaba la protección urbanística que esos espacios tenían en el PGOU anterior de 1997, donde figuraban como suelo no urbanizable protegido.

El Ayuntamiento defendía que esa recalificación era necesaria para poder desarrollar el Parque Litoral Norte, en el que se incluía el campo de golf,  y obtener suelo destinado a espacios públicos mediante mecanismos de gestión urbanística y cesiones de terrenos.

El campo de golf previsto en El Bocal sumaba paseos litorales, miradores y equipamientos

La documentación judicial recoge que el Consistorio justificaba esa decisión en la necesidad de “permitir que se apliquen técnicas de gestión urbanística para su obtención y posterior puesta en uso”.

La estrategia municipal buscaba facilitar el desarrollo del parque litoral sin depender exclusivamente de expropiaciones directas, cuyo coste económico era considerado difícilmente asumible.

EL AYUNTAMIENTO QUERÍA MANTENER EL CONTROL DE LOS TERRENOS

Sin embargo, durante la elaboración del PGOU también se estudiaron alternativas distintas para la ordenación de la costa norte. Parte de esa documentación fue posteriormente analizada por EL FARADIO, que publicó que el Ayuntamiento descartó opciones que mantenían esos terrenos como suelo rústico protegido.

Según esos análisis internos del planeamiento, “la aplicación del POL dejaba al Ayuntamiento sin 6,1 de los 10,5 millones de metros cuadrados de suelos para futuros crecimientos con los que se contaba en la ciudad”.

La documentación urbanística señalaba además que aplicar estrictamente la normativa de protección litoral reducía la capacidad de intervención municipal sobre esos espacios. Entre las alternativas descartadas figuraba precisamente mantener la protección territorial establecida por el POL, una opción que, según los redactores del plan, implicaba que el Ayuntamiento “no tendría control efectivo sobre los terrenos”.

Los documentos internos del planeamiento también reflejaban las dudas existentes sobre la posibilidad de adquirir esos suelos mediante expropiaciones debido al impacto económico que tendría para las arcas municipales.

Finalmente, el PGOU optó por clasificar parte de esos terrenos como urbanizables vinculados al futuro Parque Litoral Norte, una decisión que acabó convirtiéndose en uno de los principales focos de conflicto político, urbanístico y judicial del planeamiento santanderino.

El debate sobre la costa norte de Santander se produjo además en un contexto de creciente discusión en Cantabria sobre la presión urbanística sobre el litoral. El POL fue aprobado precisamente para establecer límites a la expansión urbanística en áreas costeras consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental y paisajístico.

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