Era la última esperanza antes de tener que marcharse de su hogar. Una familia de tres personas, una de ellas menor de edad, que se las estaba viendo y se las estaba deseando para encontrar un sitio donde dormir y donde dejar sus pertenencias. Una resolución que debía llegar la semana pasada y que ha llegado este martes, dos días antes de la fecha límite.

Es la respuesta al último recurso presentado por la familia, que se ha escudado en la disposición transitoria tercera de la Ley de vivienda aprobada en 2023. Allí, según refleja esta resolución judicial, consultada por EL FARADIO, que en casos de desahucio promovidos por grandes tenedores, como es el caso, la propietaria (Desarrollos Las Peñicas) deberá acreditar «que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda».

Por tanto, se da la razón a la familia por ver que ese requisito concreto no está cumplido por parte de Desarrollos Las Peñicas, el fondo de inversión ligado a Liberbank y a la gestora Altamira Inmuebles. Esta es un forma de ganar un poco más de tiempo para una familia que lleva mucho tiempo luchando por seguir en la casa que eligieron en su día. Tanto como 15 años. Un tiempo que ayuda a desgastar, por mucho que se vayan ganando resoluciones. La amenaza del desahucio ha planeado ya varias veces. Y el acoso inmobiliario también ha formado parte de la vida de esta familia.

Con este caso hay que remontarse hasta una entidad financiera como Caja Cantabria, esa donde tantas familias cántabras depositaban sus ahorros y, en cierto modo, sus vidas. Tras aquella brutal crisis financiera, la entidad cayó en manos de Liberbank (al igual que otras cajas de ahorros), un banco que pasó a formar parte de Unicaja en 2021. Pero su hipoteca pasó a un fondo de nombre Desarrollos Las Peñicas, con Altamira Inmuebles como gestora, en 2017. Una manera de que pareciera que Liberbank no tenía nada que ver con la situación de María y su familia, pero ese fondo de inversión comenzó su andadura con la misma sede social que Liberbank, por lo que era, en realidad, un brazo ejecutor del propio banco.

La familia ya había pagado cerca de 60.000 euros por la casa. Sin embargo, siguen con la deuda hipotecaria y la vivienda no es suya. Aclaran que, desde el momento de la ejecución hipotecaria, allá por 2015, no han dejado de pagar ningún recibo del alquiler acordado, por lo que ahí no hay una motivación sólida para querer expulsarlos de su casa.

María también explica que los contactos con el fondo, incluido cuando apareció un representante para ofrecer la compra de la vivienda por parte de un inversor privado y el posterior alquiler en la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional, no dieron ningún resultado porque fue todo mentira y ese representante desapareció.

Añade también la queja de que la administración no ha sido capaz de cumplir con el compromiso de adquirir un paquete de viviendas entre las que se encontraba la suya y destinarlas a alquiler social. No han parado de mentirles desde aquella primera vez en la que Caja Cantabria les dijo que era requisito imprescindible pagar una cantidad para suspender la fecha de lanzamiento y renegociar la deuda (cláusula de vencimiento anticipado).

El decreto que daba la posibilidad de suspender un desahucio a una persona o una familia vulnerable terminó definitivamente su vigencia el pasado 26 de febrero, por votación en el Congreso de los Diputados, pero la Ley de Vivienda de 2023 sigue en vigor, y eso es lo que, de momento, permite a María y a su familia permanecer en su casa.