El Gobierno de Cantabria apenas utilizó en 2025 una de las líneas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 pensadas para reforzar la seguridad de los propietarios en el mercado del alquiler ante el temor a impagos o morosidad que determinadas campañas presentan como ocupaciones al mismo nivel que las usurpaciones de vivienda.

Se trata del llamado Programa 13, destinado a subvencionar seguros frente al impago de rentas, que contó con una dotación de 30.000 euros y terminó abonando 4.500 euros, según las respuestas parlamentarias escritas remitidas por el Ejecutivo autonómico al Parlamento de Cantabria.  Es decir,  la ejecución se situó en el 15% del crédito previsto.

No se trata  de una ayuda directa al inquilino, ni de una medida de emergencia habitacional, ni de un instrumento de realojo. El propio Gobierno de Cantabria delimita en sus respuestas el alcance de este programa y subraya que no está orientado a la atención social, a las ayudas al alquiler o a la captación de vivienda pública. Su función es otra: intervenir desde el lado de la oferta, tratando de reducir uno de los argumentos más repetidos por parte de propietarios y rentistas, el miedo al impago.

Sin embargo, el nivel de uso registrado en Cantabria apunta a una implantación muy limitada. El documento no detalla el número de beneficiarios, pero la cantidad finalmente ejecutada permite situar esta línea en una escala muy reducida. Si se miran los precios en el mercado de los seguros, los 4.500 euros abonados apenas darían cobertura, previsiblemente, a una decena de viviendas.

El propio Ejecutivo vincula el grado de ejecución de esta línea al volumen de solicitudes presentadas, al señalar que no existen remanentes en la partida. Esa afirmación traslada el foco desde la disponibilidad presupuestaria al uso real del instrumento. En otras palabras, el problema no sería una falta de crédito, sino la escasa tracción de la medida en el mercado del alquiler cántabro.

En 2025, Cantabria registró 10 demandas por ocupación ilegal de vivienda frente a 191 lanzamientos practicados, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no sólo sitúan la verdadera magnitud del problema de la vivienda, sino que marcan aún más el contraste frente a la atención política, institucional y mediática que reciben las escasas ocupaciones frente a los constantes desahucios –buena parte de ellos de alquiler, frente a la teoría que sostiene que es imposible echar de una vivienda a un inquilino–.

En las mismas respuestas parlamentarias aparecen, además, otros programas con bastante más peso en términos de alcance y presupuesto, como las ayudas al alquiler con miles de beneficiarios o las líneas de rehabilitación y accesibilidad dotadas con varios millones de euros. Dentro de ese conjunto, el Programa 13 queda situado como una actuación menor, con baja ejecución y centrada en cubrir riesgos del alquiler privado, no en ampliar el parque público ni en sostener directamente a quienes tienen dificultades para pagar una vivienda.

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