La Fundación Franz Weber ha denunciado la nueva convocatoria de ayudas para organizar eventos taurinos en municipios bajo criterio de despoblación en Cantabria, señalando que dichas subvenciones ni fijan población ni suponen una actividad dinamizadora real.

El Ejecutivo autonómico ha dedicado desde 2024 alrededor de 132.000€ bajo esta excusa pero la realidad poblacional en los municipios agraciados en diferentes convocatorias muestra una evidente incapacidad para incidir de forma positiva. La suma estadística de los cinco municipios (Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca) otorga un saldo positivo de 4 nuevos habitantes.

FFW considera que la posición del Gobierno de Cantabria es apoyar la tauromaquia empleando subterfugios como la despoblación, cuando la realidad es que las necesidades son muy diferentes: mejores servicios de Internet, atención sanitaria de calidad o incluso reforzar la calidad de las vías de tránsito rodado.

Los naturalistas señalan además que las convocatorias subvencionadas incorporan ofertas dirigidas a personas menores de edad, incluso acceso gratuito, lo que contraviene las advertencias realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2018 y 2026.

La ONG internacional, con estatus consultivo ante este órgano, advierte que el Gobierno de Sáenz de Buruaga promueve esta entrada de niñas y niños de forma consciente, evitando la prohibición que ha solicitado el CDN de forma concreta en su última observación.

Así, el párrafo exacto, enmarcado en el capítulo relacionado con Violencia contra los niños (artículos 19, 24 (3), 28 (2), 34, 35, 37 (a) y 39 de la Convención y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) señala:

«Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros».

Los naturalistas también se preguntan por la coincidencia de los municipios que reciben las ayudas, que son prácticamente los mismos. De hecho la convocatoria se abre a 41 localidades. Solo 4 o 5, según el año, perciben las ayudas, lo que evidencia que la inmensa mayoría de consistorios no quiere participar de la tauromaquia.