La Plataforma Salvar Oyambre ha mostrado su “profunda preocupación” por las consecuencias ambientales del nuevo Decreto 35/2026 de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para Autocaravanas, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). La organización considera que la norma abre la puerta a una mayor presión turística sobre espacios protegidos y alerta de un posible impacto “irreversible” sobre enclaves como el Parque Natural de Oyambre.

En un comunicado difundido este miércoles, la plataforma sostiene que el nuevo marco normativo prioriza “intereses turísticos coyunturales” y la expansión del turismo itinerante frente a la protección de ecosistemas considerados “frágiles”. En este sentido, critica que el decreto no incorpore medidas específicas de protección reforzada para parques naturales costeros ni para espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Salvar Oyambre enmarca esta regulación en un contexto de reformas recientes que, a su juicio, avanzan hacia una “desregulación” de usos turísticos y urbanísticos. La plataforma considera que Cantabria se está convirtiendo en una “anomalía territorial” por “su falta de aprecio hacia sus recursos naturales y medioambientales”.

Entre los principales riesgos identificados por el colectivo figura la eliminación de límites de capacidad para las nuevas áreas de servicio de autocaravanas y la simplificación de los procedimientos administrativos. Según advierte la plataforma, estas medidas pueden incrementar la presión sobre parques naturales y zonas protegidas, con efectos como la compactación del suelo, la degradación de hábitats dunares y marismas, la contaminación o la erosión.

Además, el colectivo compara la nueva regulación cántabra con las políticas desarrolladas en comunidades vecinas como Asturias y el País Vasco. Según expone, ambas autonomías han implantado regulaciones “más restrictivas” en sus parques naturales, limitando la pernocta y priorizando la instalación de infraestructuras en entornos ya urbanizados. Frente a ello, considera que Cantabria opta por una desregulación que “pone en riesgo la integridad de sus enclaves más valiosos”.

Otro de los aspectos cuestionados por Salvar Oyambre es el sistema de “declaración responsable” previsto en el decreto. La plataforma sostiene que este modelo traslada el control a inspecciones posteriores y advierte de que, una vez producida la ocupación o el uso intensivo de determinadas áreas, el daño ecológico puede resultar irreversible. Entre los impactos citados se encuentran las escorrentías, los vertidos o el pisoteo en zonas sensibles del parque natural.